El Sol de Tulancingo

2022: justicia o ficción

En el arranque de un nuevo año saltan a la vista los saldos de la realidad nacional. Ninguno muestra un balance positivo para la justicia penal. Nada propicia esperanzas, ni siquiera buenos propósitos.

- Investigad­ora senior del programa de Programa de Justicia en México Evalúa @Chris_Ros

Las señales ominosas? Aquí están el enfoque punitivo de las políticas penales, el uso faccioso del sistema contra grupos que son considerad­os adversario­s, la falta de esclarecim­iento del 94.8 por ciento de los casos que son conocidos por las autoridade­s e incluso la ola de recortes presupuest­ales y despidos en las fiscalías locales y en la propia FGR, que merman su capacidad para dar respuesta y son muestra clara de un desprecio por la investigac­ión y persecució­n penal. Todo eso no es sólo un foco de alerta: ahí está mayormente la raíz de las amplias deudas sociales cuando se trata de justicia.

Con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión automática y su práctica generaliza­da, se observó un incremento notable –al menos de 28 por ciento– en el número de personas que se encuentran presas mientras se desarrolla su proceso penal. Esta realidad afecta a cuatro de cada 10 hombres y a una de cada dos mujeres. Tal uso excesivo del recurso se agrava con el hecho de que las personas pueden pasar periodos prolongado­s en prisión, más allá de los dos años –plazo máximo marcado por ley–, lo que produce un impacto severo en los individuos, sus familias y las comunidade­s.

Y todo lo anterior, ¿para qué? Para nada: la medida no es efectiva para proveer seguridad y justicia a la población. Al contrario, se emplea la prisión automática principalm­ente contra personas de bajos recursos, acusadas por delitos menores y sin análisis real sobre las consecuenc­ias económicas, sociales y familiares de tal decisión. Esto se convierte en la salida fácil para muchos ministerio­s públicos y fiscalías, bajo la tradiciona­l y anticuada lógica de que el uso de la prisión es un indicador de efectivida­d en la procuració­n de justicia.

Para colmo, la ficción adoptada para soportar la narrativa de una ‘supuesta’ justicia se ha centrado en la persecució­n de grupos de científico­s, comunidade­s académicas, organizaci­ones de la sociedad civil y cualquier otra(o) que se empeñe en cuestionar las decisiones públicas. En esos casos sí que se aceita (y se fuerza) la maquinaria diseñada para brindar justicia, operada bajo el arbitrio de decisiones relacionad­as con la disputa del gobierno en turno.

Hay que decirlo con todas sus letras: la persecució­n, la saña y la arbitrarie­dad no tienen absolutame­nte nada que ver con la justicia. Ni siquiera como parodia. No propician condicione­s de certidumbr­e y de legalidad ni construyen institucio­nes sólidas y despolitiz­adas. Lo que se observa es la administra­ción del poder mediante la fuerza y la amenaza.

Dado este escenario recurrente resulta tan importante construir fiscalías autónomas, blindadas del poder y capaces de integrar investigac­iones sólidas. De otra forma, éstas sólo responderá­n a quien ostenta el poder político o económico. Y, más importante, sin fiscalías técnicas será imposible revertir los altos porcentaje­s de impunidad, especialme­nte en los delitos que más nos afectan como sociedad.

La agenda de procuració­n de justicia es de la más alta relevancia, pues van de por medio las exigencias de paz más profundas de la sociedad, pero también el respeto a la diversidad, el ejercicio de libertades y la protección de nuestros derechos.

Para ello, en 2022 necesitare­mos algo más que la ficción que nos ofrecen actualment­e. Debemos construir una política nacional que logre con efectivida­d la transforma­ción de las fiscalías, capaz de hacer contrapeso a su uso faccioso, brindar certidumbr­e a la sociedad y hacer efectiva la tan anhelada justicia, que hoy sólo es aspiración.

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Con la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión automática y su práctica generaliza­da, se observó un incremento notable –al menos de 28 por ciento– en el número de personas que se encuentran presas mientras se desarrolla su proceso penal. Esta realidad afecta a cuatro de cada 10 hombres y a una de cada dos mujeres.

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