Son exonerados por falta de pruebas
No se demostró que incurrieron en el uso ilícito de atribuciones y facultades
El juez de distrito especializado en Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, exoneró a Paulo Uribe Arriaga y Miguel Vital Hernández, a quienes se les inculpó de responsabilidad por uso ilícito de atribuciones y facultades en la celebración de ocho contratos de prestación de servicios con empresas privadas en 2010.
Lo anterior, al no acreditar el delito de que fueron señalados por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR).
Uribe Arriaga y Vital Hernández, ambos hidalguenses, se desempeñaban como funcionarios públicos federales, en la fecha en que presuntamente habrían comprometido indebidamente recursos anuales por nueve mil 3 millones 418 mil pesos.
Sin embargo, luego de que el juez revisó y analizó los 76 convenios modificatorios de los ocho contratos aludidos consideró que no hubo delito, desechó y sobreseyó la acción penal, que inició por una denuncia anónima que acusaba un sobreprecio.
Miguel Vital, se desempeñó como director general adjunto y administrador de los contratos de prestación de servicios, y Paulo Uribe era director general de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación en el sexenio 2012-2018, los cuales estuvieron señalados en la causa penal 45/201, relacionados con la carpeta de investigación FED/ SEIDF/UNAICDMX/0000611/2020.