Parásitos de Estado
La semana pasada participé en el Parlamento Abierto convocado para discutir la Reforma Eléctrica. Durante el debate quedó demostrado el tratamiento privilegiado que se da a las empresas privadas extranjeras tendiente a permitirles que se adueñen de la gen
Lo increíble es que la injusta generosidad con que se trata a quienes se aprovechan de esa privatización constituye una verdadera afrenta para miles de esforzados empresarios mexicanos que tienen que arriesgar su capital y trabajar intensamente en condiciones de incertidumbre respecto de sus ganancias. Esto es lo propio y admirable de la actividad empresarial. Al analizar las condiciones en que actúan las empresas foráneas que llegaron a apoderarse del sector eléctrico constataremos que corresponden a esa definición. La desmembración de la CFE para supuestamente ponerla a competir con las compañías privadas, tuvo por objeto dotar a estas de enormes ventajas y subsidios. Entre otros, los Certificados de Energía Limpia de los que se priva a la empresa estatal pese a que produce más de la mitad de la energía no contaminante a través de las hidroeléctricas y sin embargo tiene que pagarle a las compañías privadas por la compra de dichos certificados. (Véase mi artículo “Certificados de Estafa
Limpia” del 2 de marzo de 2021).
Los contratos derivados de las
“subastas” garantizan a las empresas extranjeras precios preestablecidos que les serán pagados durante 20 años independientemente de la energía que verdaderamente entreguen. De tales contratos obtendrán pingües ganancias por una inversión realizada con dinero obtenido de la banca de desarrollo mexicana, lo cual significa que ni siquiera han hecho una inversión propia de carácter directo. Adicionalmente, a todas las compañías privadas que suben a la red energía proveniente de fuentes no fósiles, independientemente del precio que fijen por MWh, se les garantiza que recibirán el precio más alto que fije la última en entrar al despacho de energía en determinado momento.
Todas esas condiciones son contrarias a la libre competencia. Se ha permitido la instalación de múltiples empresas que en realidad no compiten entre sí pues el Estado les está garantizando sus utilidades. Eso es peor que el sistema de concesiones en las que el Estado autoriza al particular la realización de una tarea, pero este asume los riesgos derivados de la prestación de un servicio que efectivamente quedará sujeto a las reglas del mercado.
En el debate al que aludí al inicio, (en YouTube: https://youtu.be/Itz7REnU-OQ) dejé claro un principio básico de la teoría constitucional: la Constitución no puede ser inconstitucional.