México contra el tráfico de armas
Estados Unidos es uno de los tres únicos países del mundo en los que la posesión y portación de armas es un derecho constitucional, ello conforme a la famosa segunda enmienda a la Constitución que es parte del llamado Bill of Rights.
Amparados en esa disposición, en nuestro vecino país existen 120 armas de fuego por cada 100 estadunidenses, según la organización Small Arms Survey (SAS), el equivalente a poseer el 46% de armas en poder de los civiles en el mundo, lo que genera serios problemas para nuestro país.
Con datos de 2018, el SAS estima que en México existen 16 millones 800 mil armas de fuego legales e ilícitas en poder de civiles.
A finales de 2009, altos funcionarios norteamericanos planearon una estrategia secreta denominada Rápido y Furioso, contra el tráfico de armas entre Estados Unidos y México. Consistía en permitir que traficantes de armas pudieran adquirirlas libremente y sin restricciones con el propósito de seguirles el rastro y confirmar que los destinatarios finales son los cárteles de la droga. Se estima que entre 2009 y 2011, unas 2 mil 500 armas fueron adquiridas en Estados Unidos y trasladadas ilegalmente a México bajo ese esquema. El operativo no tuvo los resultados esperados en su ejecución. Se perdió el rastro de ese arsenal para ubicar a los compradores; y ningún alto funcionario del gobierno norteamericano fue castigado ni ha habido hasta ahora una explicación sobre las consecuencias del trasiego de armas a México. Tras años de audiencias e investigaciones en el Congreso norteamericano, en 2019 se dio carpetazo a la investigación.
En agosto pasado, México presentó una demanda contra 10 grandes fabricantes de armas en un tribunal federal en Massachusetts. Es la primera vez que un gobierno nacional presentaba una acción legal de ese tipo contra empresas a las que acusa de facilitar el flujo de armas hacia los cárteles de la droga. Ebrard reiteró un secreto a voces: que las armas norteamericanas están íntimamente vinculadas a la violencia que vive México en los últimos años.
Esta demanda ha sumado el apoyo de 25 fiscales federales y 14 procuradores estadunidenses. Las empresas de armas en su defensa han dicho que no tienen la obligación legal de proteger al gobierno mexicano de criminales en su territorio.