El decreto “anti veda” no es claro
Sergio González, académico de la UNAM, dijo que la iniciativa carece de reglamentación y podría marcar un antecedente riesgoso de cara a las elecciones de 2024
CDMX. Especialistas en materia electoral advirtieron que la iniciativa de decreto que permite a funcionarios difundir la revocación de mandato sin que sea considerada propaganda gubernamental, debido a la veda electoral, carece de una reglamentación clara y podría marcar un antecedente riesgoso de cara a la elección federal de 2024. En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Sergio González, académico de la UNAM especialista en Derecho Constitucional, explicó que en caso de aprobarse por el Senado de la República, sus efectos podrían ser irrelevantes, al argumentar que, la Constitución ya dispone de un modelo de comunicación política que regula la propaganda desde 2007.
“La interpretación 'auténtica', que está tratando de hacer el congreso, no está debidamente reglamentada y sus efectos y consecuencias normativas no están del todo claros”, señaló. En ese sentido destacó que faltará determinar sus efectos porque ya hay normas legales que disponen el principio vinculante de neutralidad del gobierno y sus personas servidoras públicas.
Sobre las políticas que el INE debería implementar tras la posible aprobación de la iniciativa “anti veda”, el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, indicó que la autoridad electoral deberá resolver, entre ese derecho a la integridad electoral y el derecho a la libre manifestación de las ideas. Por su parte, el especialista en temas electorales, Luis Miguel Carriedo, advirtió que la iniciativa del grupo parlamentario de Morena, puede ser un precedente grave para próximos comicios, pues argumentó, que por una cuestión de “contentillo”, las normas electorales se modifican a pocos días de que se lleve a cabo el ejercicio participativo.
“Creo que es una jugada de corto plazo y que el propio Congreso sabe que es muy probable que la Suprema Corte revierta esto porque es inconstitucional. Rompe el principio de certeza y rompe este principio del artículo 105 que dice que no puede haber modificaciones 90 días antes de que empiece un proceso electoral y que no puede haber modificaciones a la Ley electoral. Esta modificación claramente toca la LGIPE”, señaló Carriedo.
En entrevista coincidió con González en que no existen condiciones claras para llevar a cabo dicha iniciativa y expuso que no se detallan ni tiempos de radio ni televisión.
“Hay pocos espacios de difusión y los ejercicios de debate se quedan en Twitter, en YouTube y deberían de ir a televisión. Tendríamos que hacer un ejercicio de una elección si queremos la participación de una elección”, criticó.
Dijo que es necesaria una reforma al modelo de comunicación pero no faltando un mes para el ejercicio.
El jueves, con 268 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de decreto que establece que los comentarios de funcionarios públicos no son considerados como propaganda gubernamental. Con esto, cualquier funcionario podrá hablar de logros o programas de gobierno, lo que incluye la revocación de mandato. Ahora falta que dicha propuesta sea avalada por la Cámara alta.
La iniciativa permite a funcionarios difundir los logros y programas sin que sean considerados propaganda gubernamental