Inadmisible injerencia europea
Me parece inaudito que un sector de la opinión mexicana avale la ofensiva actitud del Parlamento Europeo (PE) contra nuestro Jefe de Estado y critique al Presidente por haber reaccionado con justificada indignación al rechazar con dignidad la insolencia injerencista de ese órgano extranjero. López Obrador tiene todo el derecho de responder en el tono que le parezca más conveniente en ejercicio de su facultad de dirigir la política exterior.
El lenguaje del comunicado de nuestro gobierno responde a la redacción irrespetuosa empleada para ofender a nuestro país. Las alusiones contenidas en esa respuesta revelan el ilegítimo origen de la resolución aprobada por parlamentarios que ingenuamente fueron instrumento del revanchismo español contra la política nacionalista de AMLO. Esta aviesa intención fue incluso denunciada en la tribuna por el diputado hispano Miguel Urbán y en la propia península ha habido voces como la de Juan Carlos Monedero que condena la intromisión europea en los asuntos de México. El real objeto de la misma se confirma por el hecho de que la propuesta fue presentada por un grupo de diputados españoles —que deberían estar más atentos a la corrupción en la Comunidad de Madrid— encabezados por Leopoldo López Gil, de origen venezolano. La mano mecedora de la cuna quedó de manifiesto cuando uno de los eurodiputados hispanos abiertamente defendió los intereses de sus empresas transnacionales, pero dócilmente los legisladores se prestaron a defender un propósito mercantil envuelto en la defensa de los derechos humanos.
La estrategia de emplear los derechos humanos como pretexto para agredir a otra nación ha sido documentado por autores como Aymeric Chauprade: “La ideología de los derechos humanos se ha convertido en el principal argumento invocado por los políticos europeos para justificar su participación en acciones preventivas o represivas contra Estados soberanos”.
Se argumenta que al PE lo faculta la Cláusula Democrática del Acuerdo Global con la Unión Europea (UE) para incurrir en esta injerencia, pero eso es falso. Dicha cláusula dice: Art. 1. “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente Acuerdo”. El art. 39 del Acuerdo la complementa estableciendo un marco para cooperar en la materia. El principio que rige la cláusula es el de la cooperación y no puede interpretarse como una autorización para agredir a la contraparte. Además, México incluyó una Declaración formal en el texto del Acuerdo la cual deja claro que no puede admitirse una interpretación de la Cláusula Democrática que viole nuestro principio constitucional de No Intervención.
Las presuntas atribuciones del PE provenientes del Art. 144 de su Reglamento no deberían rebasar el ámbito interno de la UE para recomendar determinado trato en relación con un país, pero de ninguna manera le facultan para dirigirse formalmente al Presidente de México. Tal exceso invade las funciones de órganos ejecutivos como la Comisión y Alto Representante para Asuntos Exteriores.
Pretextar como justificación la tal Cláusula Democrática es un abuso inadmisible. Si a esas vamos al congreso mexicano podría reaccionar con base en la misma cláusula para señalar la doble moral europea en materia de derechos humanos aplicada al trato a los refugiados, pues mientras los sirios y africanos son retenidos fuera de la Unión Europea, los ucranianos entran sin problema. Se trata de una política discriminatoria que viola derechos humanos. También es cuestionable la hipocresía en el trato Ucrania, consistente en que la OTAN se niega con razón a intervenir militarmente, pero varios de sus miembros alimentan el fuego con gasolina al dotar de armas a ucranianos incentivando acciones bélicas y violando el derecho a la paz. Por otra parte, el cierre dispuesto en Europa —que no está en guerra con Rusia— al canal de noticias ruso, viola la libertad de expresión.
Otra muestra del doblez con que se conduce el PE lo constituye su propio pronunciamiento contra las injerencias extranjeras consideradas por sus miembros como “una grave violación de los valores y principios universales”.
Si fueran congruentes no emitirían juicios como el que dirigieron específicamente contra el jefe de Estado mexicano al que imputan veladamente la responsabilidad en violaciones a derechos humanos relacionadas con las muertes de periodistas cuando, si estuvieran bien informados o actuaran de buena fe, sabrían que esa no es una política del Estado mexicano.
Corresponde ahora al Senado de nuestro país asumir una posición igualmente firme y aprobar un pronunciamiento de rechazo a esta acción de un órgano carente de facultades que, como dijo el Presidente, pretende con soberbia asumirse como gobierno mundial.
Corresponde ahora al Senado de nuestro país asumir una posición igualmente firme y aprobar un pronunciamiento de rechazo a esta acción.