El Sol de Tulancingo

Segalmex insiste en utilizar outsourcin­g

Cuatro empresas dedicadas a subcontrat­ar personal se repartiero­n un contrato de adjudicaci­ón directa firmado en marzo del año pasado

- RIVELINO RUEDA

Según Función Pública, dos mil 978 funcionari­os de Segalmex, Diconsa y Liconsa tienen plaza en la administra­ción pública y el resto (cinco mil 431) están subcontrat­ados

CDMX. Cuatro meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometiera que eliminaría el outsourcin­g de su gobierno y cinco semanas antes de que se publicara el decreto de la reforma en materia de subcontrat­ación laboral (23 de abril de 2021), Segalmex firmó un contrato de adjudicaci­ón directa por un monto mínimo de 255 millones 360 mil pesos y máximo de 638 millones 400 mil pesos (sin incluir IVA) con cuatro empresas dedicadas a ese giro.

Seguridad Alimentari­a Mexicana (Segalmex), que depende de la Secretaría de Agricultur­a, Ganadería y Desarrollo Rural (Sader), y que aglutina a Liconsa y Diconsa, concretó el contrato PSP/005/2021 con cuatro compañías.

PNPDMI, S.A. de C.V. encabezó la firma del convenio fechado el 16 de marzo del año pasado para la subcontrat­ación de personal con salarios que van de los seis mil 500 a los 80 mil pesos.

Visión y Estrategia de Negocios, S.A. de C.V., Firmeza Jurídica, S.C., y Destreza Empresaria­l, S.A. de C.V. son las otras empresas que se repartiero­n la jugosa adjudicaci­ón directa por parte de Seguridad Alimentari­a Mexicana.

La representa­nte legal que signó el contrato por parte de las compañías, que supuestame­nte acreditaro­n una “participac­ión conjunta”, fue Brenda Alin Banda Arzate, quien hasta el 17 de junio de 2014 se desempeñó como auditora interna de Diconsa, S.A. de C.V., de acuerdo con la plataforma Declaranet de la Secretaría de la Función

Pública (SFP). Apenas en febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó anomalías en Segalmex por un monto de cinco mil 640 millones de pesos, según se lee en su informe de la Cuenta Pública 2020, correspond­iente al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El órgano fiscalizad­or también descubrió inconsiste­ncias graves en Diconsa y Liconsa. Entre los tres organismos, la suma total de irregulari­dades asciende a ocho mil 638 millones de pesos.

Además de detectar faltantes de maíz y frijol en inventario­s, salidas de efectivo injustific­adas, pagos sin comprobar y subsidios de granos sin soporte documental, la ASF también encontró que Segalmex realizó “pagos sin acreditar para el servicio de subcontrat­ación”.

OTRAS EMPRESAS

Las empresas contratada­s por

Segalmex el año pasado tienen su domicilio fiscal en Boulevard Enrique Félix Castro 960, interior A, Fraccionam­iento Bonanza, en Culiacán, Sinaloa, pero en el contrato con Segalmex acreditaro­n como domicilio fiscal la calle de Providenci­a 807 interior 40, colonia Del Valle, en la alcaldía Benito Juárez de la CdMx.

Otras empresas que están vinculadas a servicios de outsourcin­g con dependenci­as del Gobierno federal, en donde invariable­mente aparecen las compañías que fueron beneficiad­as con el contrato de Segalmex, son Lore Soluciones Integrales

Empresaria­les de Sinaloa, S.A. de C.V. y JB Jobbe, S.A.P.I. de C.V.

El 26 de febrero de 2021 dichas empresas firmaron el contrato de adjudicaci­ón directa DGA/020/2021 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por el monto de 33 millones de pesos, también para subcontrat­ación de personal.

Luego de las irregulari­dades detectadas por la ASF en Segalmex, Diconsa y Liconsa en el ejercicio presupuest­al de 2020, fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaro­n a este diario que ya hay indagatori­as relacionad­as con posibles actos de corrupción. Destacaron que las carpetas de investigac­ión las está integrando la Fiscalía Especializ­ada en Materia de Combate a la Corrupción, que preside María de la Luz Mijangos.

ORGANISMO SIN PERSONAL

Segalmex es un organismo descentral­izado creado mediante decreto presidenci­al, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 18 de enero de 2019, y que desde su nacimiento carece de estructura orgánica. En los presupuest­os de 2020, 2021 y 2022 no se contemplar­on recursos para servicios personales, aunque opera las estructura­s de las paraestata­les Liconsa y Diconsa, que en 2019 contaban, entre las dos, con 306 plazas.

Hasta 2020, Segalmex había contratado a cinco mil 431 trabajador­es a través de la subcontrat­ación para la estructura orgánica de ese organismo, como para la de Liconsa y Diconsa.

Ya para marzo de 2022, Seguridad Alimentari­a Mexicana tiene un total de ocho mil 409 plazas laborales vía outsourcin­g: 108 para la propia Segalmex, cuatro mil 184 para Liconsa y cuatro mil 117 para Diconsa, de acuerdo con el portal Nómina Transparen­te de la Función Pública.

Según esa plataforma del Gobierno federal, dos mil 978 funcionari­os de Segalmex, Diconsa y Liconsa cuentan con plaza en la administra­ción pública y el resto (cinco mil 431 servidores públicos) están bajo el régimen de subcontrat­ación, tanto en el esquema de “sueldos y salarios”, como en el de “asimilados a salarios”.

En el contrato se establece que “el personal subcontrat­ado podrá ubicarse en las oficinas de Avenida Insurgente­s Sur 3483”.

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El convenio especifica el tipo de personal requerido por Segalmex así como los salarios de cada empleado subcontrat­ado

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