Opacidad estatal
Acostumbrados a las malas noticias, no nos extrañaría escuchar una nota “El estado tal es opaco”, “No sabemos en qué se va a gastar”, “Estados gastan mal”. Esas notas las seguiremos viendo, pero a pesar de esto, hay una buena noticia que vale la pena comentar. En 2008, se inició el Barómetro de Información Presupuestal Estatal, un estudio que tiene como objetivo medir la calidad de la información presupuestal y eliminar condiciones de opacidad. El hallazgo, los estados están publicando y adoptando las mejores prácticas, alcanzaron un 93 por ciento de cumplimiento promedio.
La historia de éxito no surge por generación espontánea. En 2008 qué había se intentó hacer un análisis prospectivo sobre la deuda pública, pensiones y gasto corriente de los gobiernos estatales. Desafortunadamente no se logró. Lo que se encontró fue que la información más básica como los presupuestos de egresos y las leyes de ingreso no estaban disponibles o estaban incompletos, dispersos y no era posible conocer cuánto, en qué y para qué gastaban los recursos públicos. Algunos periódicos oficiales no estaban en versión electrónica y en pleno 2015 había presupuestos hechos a mano.
La mejora en el reporte de esta información tuvo hitos importantes: 1) En 2012, se reformó la Ley General de Contabilidad Gubernamental para incorporar un lenguaje único en el desglose de información; 2) Se trabajaron anexos transversales como instrumentos que permiten dar seguimiento a temas importantes como la niñez, la perspectiva de género y el combate a la corrupción; 3) Se elaboró la Ley de Disciplina Financiera que ponía límites al endeudamiento y gobernanza de las haciendas estatales y municipales; 4) El IMCO elaboró un presupuesto modelo que recopila las obligaciones legales y buenas prácticas, y; 5) Una capacitación constante por parte de las secretarías de finanzas, auditorías y organizaciones de la sociedad civil.
Durante 14 años, los esfuerzos dieron como resultado verificable que hoy tengamos los 32 periódicos locales en versión electrónica, que exista en mayor o menor medida información presupuestal en formato de datos abiertos, que se elaboren presupuestos más ciudadanos y que haya mayor homologación de conceptos que permita comparar entre entidades federativas y a lo largo del tiempo esta información.
Hay que celebrar estos pequeños avances que a veces se dan por hecho. Esto no significa que todo vaya viento en popa. Reportar bien no significa gastar bien. La calidad de la información mejoró, pero el mayor reto subsiste en el ejercicio del gasto público. Que entre lo aprobado por los diputados y lo gastado por los gobiernos no haya diferencias de millones de por medio. Aún requerimos que las prioridades presupuestales se conviertan en prioridades del gasto público.
Algunas propuestas que facilitarían eliminar las condiciones de opacidad y mejorar la gestión de los recursos públicos son: a) no dejar a la buena voluntad de los gobernantes la adopción de las mejores prácticas contables, b) vincular la planeación de los recursos con el desempeño del gasto una vez que ha sido evaluado, y c) establecer candados para que la brecha entre lo presupuestado y ejercido sea menor.
P.d. Un reconocimiento especial a funcionarios e investigadores que hicieron posible la realización de esta colaboración entre gobiernos y sociedad.