Corte invalida veto para trabajar en IP
CDMX. Por unanimidad de 11 votos, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declararon la invalidez de la norma que prohíbe a altos exfuncionarios públicos buscar empleo en la iniciativa privada, tal como lo establece la Ley Federal de Austeridad Republicana, al considerar que se fijó un plazo innecesariamente largo de 10 años para que los servidores públicos puedan participar en las empresas.
En 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa de la Ley de Austeridad Republicana al Congreso federal, en la que se estableció que los exfuncionarios no podrían incorporarse a la iniciativa privada sino hasta después de 10 años. La reforma fue aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en octubre de ese año. Sin embargo, en febrero pasado el juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región en la Ciudad de México, Abel Méndez Corona, echó abajo la norma al considerarla como una medida injusta y excesiva para los servidores públicos federales porque difícilmente pueden emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que desempeñaban.
El asunto llegó hasta la Corte, que ayer decidió invalidar la prohibición impulsada por el gobierno de López Obrador.
Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN, expuso que dicha norma establecía un plazo innecesariamente largo (10 años), y se dirigía a un universo de personas desproporcionadamente amplio. “No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades, ni presentan el mismo grado de riesgo de corrupción, por lo tanto, me parece que la norma es sobre inclusiva”, recalcó.
A su vez, el ministro Luis María Aguilar consideró que la medida generaba incertidumbre legal entre los funcionarios involucrados, pues otras leyes establecen plazos menores en la IP. En este contexto, dijo que la medida “deja en un sentido de incertidumbre el hecho de que señala 10 años como prohibición y la Ley de Responsabilidades solamente un año”.
Con el fallo, los funcionarios podrán incorporarse a la IP sin tener que esperar los 10 años que les habían sido impuestos