El Sol de Tulancingo

Justicia de calidad es…

- CHRISTEL ROSALES Coordinado­ra del programa de justicia en México Evalúa. @Chris_Ros

Desde hace más de una década, y a partir de una de las reformas más ambiciosas y de mayor calado en la historia nacional, buscamos transforma­r el corazón de la justicia penal. Hace cinco años que concluyó el proceso de implementa­ción de tal reforma; hoy es vigente en todo el territorio y, sin embargo, cabe preguntars­e: ¿ese esfuerzo tan grande rindió resultados? O mejor: ¿hay señales que nos permiten tener esperanza en lograr la tan ansiada justicia de calidad?

Si algo tenemos claro es que la justicia no puede valorarse en función del presupuest­o aprobado, el número de instalacio­nes en operación, la cantidad del personal asignado o la proporción de casos con alguna respuesta por parte de las institucio­nes. Todo eso no es más que insumos o precondici­ones para la provisión de un servicio. Justicia de calidad implica, más bien, que las autoridade­s tomen decisiones basadas en evidencia, sin sesgos ni prejuicios ni en función de presiones externas; que su desempeño cumpla con los más altos estándares de actuación, alineados con las reglas del sistema acusatorio –oralidad, publicidad, contradicc­ión, igualdad entre las partes, entre otras–.

Hablar de justicia de calidad implica también velar por la protección de los derechos de las personas. A quien se acusa de la comisión de un delito se le debe respetar la presunción de inocencia; se le debe garantizar un debido proceso, una defensa efectiva y, en su caso, la posibilida­d de restituir el daño ocasionado. Y lo mismo con quien acude al sistema penal como víctima: se le debe garantizar un trato digno, asistencia legal, la posibilida­d de participar en el proceso y de acceder a la verdad mediante el esclarecim­iento de los hechos.

Llegados aquí hay que hacer una precisión importante. No puede darse una respuesta idéntica a los casos de criminalid­ad común –robo simple o daño en propiedad ajena– y a los que afectan bienes jurídicos preciados, como la vida o la integridad de las personas –homicidio, feminicidi­o, violación o desaparici­ón–. Para éstos últimos las autoridade­s tienen

Invitamos a las personas interesada­s a consultar el análisis en www.mexicoeval­ua.org y sumarse a construir, desde diversos espacios, rutas de acción que permitan materializ­ar una justicia de calidad. La justicia debe ser estudiada y operada en clave de derechos, y la actuación de las autoridade­s debe servir para garantizar­los, resolver conflictos y permitir el acceso a la verdad, justicia y reparación.

deberes específico­s, los cuales, en su mayoría, se encuentran ya descritos en protocolos.

En efecto, la justicia penal prevé respuestas diferentes según las caracterís­ticas del caso, las de las personas víctimas o acusadas y el tipo de crímenes cometidos. Esta perspectiv­a debe evidenciar­se en la manera en la que se desarrolla­n los procesos penales, en la forma en que las autoridade­s abordan los casos y en la atención que se brinda a las personas que forman parte del proceso penal.

¿Se evidencian o no? Desde México Evalúa emprendimo­s un Observator­io de Calidad de la Justicia que, a través de audiencias y sentencias judiciales, nos debe permitir disecciona­r lo que ocurre cotidianam­ente en la justicia penal, los avances logrados pero también los pendientes o rezagos específico­s. El ejercicio brinda una radiografí­a completa de la justicia penal en Querétaro y San Luis Potosí, pero está llamado a ser una brújula que oriente sobre lo que está sucediendo en cada etapa del proceso penal, y un instrument­o de análisis del desempeño de cada autoridad –fiscalías, jueces, defensoría­s, asesorías de víctimas–, para todas las entidades. De lo que se trata, finalmente, es de medir la probabilid­ad de lograr una justicia efectiva.

Invitamos a las personas interesada­s a consultar el análisis en www.mexicoeval­ua.org y sumarse a construir, desde diversos espacios, rutas de acción que permitan materializ­ar una justicia de calidad. La justicia debe ser estudiada y operada en clave de derechos, y la actuación de las autoridade­s debe servir para garantizar­los, resolver conflictos y permitir el acceso a la verdad, justicia y reparación.

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