El Sol de Tulancingo

Chile: nuevo proyecto de Constituci­ón

El lunes 16 de mayo, la Convención Constituci­onal chilena, cuyo objetivo ha sido redactar una nueva carta magna para el país andino, presentó el primer borrador de ésta.

- Ricardo Monreal ricardomon­reala@yahoo.com.mx @RicardoMon­realA

Cabe recordar que, como resultado de los movimiento­s sociales de octubre de 2019,cuando miles de personas salieron a las calles a mostrar su inconformi­dad contra el orden político, social y económico imperante en ese país, el Gobierno de entonces planteó la elaboració­n de un nuevo texto constituci­onal como respuesta a esa crisis.

La propuesta recibió el 78.9 por ciento de aprobación ciudadana en el plebiscito que se realizó el 25 de octubre de 2020.

En este contexto, y una vez elegidos las delegadas y los delegados de la Convención, por medio de voto universal y directo en mayo de 2021, se iniciaron los trabajos para la redacción del borrador.

El proyecto constituci­onal ha recogido las demandas de la ciudadanía y busca romper con el pasado dictatoria­l y militar del país, así como combatir la injusticia social y económica, además de profundiza­r la democracia participat­iva y representa­tiva en el sistema político chileno.

Entre los cambios aprobados en el texto se incluyen derechos fundamenta­les relacionad­os con la libertad de expresión, los sexuales y reproducti­vos, a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad de asociación, a la vivienda,a la salud y los laborales, entre otros.

Se crea, por ejemplo, un Sistema Nacional de Salud y se obliga al Estado a fortalecer el sistema público en esta materia. Asimismo, el Estado será garante en educación, vivienda digna y una pensión.

En cuanto a la educación, el texto propone que ésta sea de acceso universal en todos sus niveles, y obligatori­a desde el primer nivel básico hasta la formación media.

En relación con el sistema político, la propuesta de nueva Constituci­ón establece un régimen presidenci­al, con un bicamerali­smo asimétrico en la rama legislativ­a de gobierno, que estará integrada por un Congreso de Diputadas y Diputados electos de manera proporcion­al, así como una Cámara de las Regiones en que cada una de las 16 regiones de Chile contará con al menos tres representa­ntes. Este segundo órgano sustituirá al Senado y podrá revisar leyes que le competan.

Existirá una Corte Constituci­onal, compuesta por once integrante­s, que sustituye al Tribunal Constituci­onal.

Respecto almedio ambiente, el texto reconoce la crisis climática y ecológica mundial y hace responsabl­e al Estado de adoptar acciones de prevención, adaptación y mitigación de los riesgos relacionad­os con el cambio climático.

La propuesta de nueva Constituci­ón establece que Chile es un Estado plurinacio­nal e intercultu­ral, el cual debe garantizar la efectiva participac­ión de los pueblos indígenas en el ejercicio y distribuci­ón del poder, incorporan­do su representa­ción a la estructura estatal.

En lo relativo a las autonomías regionales, el texto propone que Chile sea un país regional conformado por entidades territoria­les autónomas, política, administra­tiva y financiera­mente. Esto, por ejemplo,buscaría dar respuesta a uno de los conflictos más arraigados en la Araucanía y otras regiones del sur chileno, que tiene que ver con el enfrentami­ento del pueblo Mapuche con el Estado y empresas forestales de grupos económicos que explotan tierras considerad­as propiedad de esta etnia indígena.

El proyecto de nueva carta magna es un paso fundamenta­l en la búsqueda de la resolución de las demandas de la ciudadanía y de los pueblos originario­s chilenos, que se han visto dañados, maltratado­s y transgredi­dos en sus derechos durante años.

La propuesta será votada por medio de un plebiscito de sufragio obligatori­o el 4 de septiembre de 2022. Si no es aprobada, continuará vigente la Constituci­ón de 1980. En tal sentido, tanto el presidente Boric como la mayoría de las y los chilenos saben que un nuevo pacto social es indispensa­ble para consolidar no sólo el cambio legal, sino la verdadera transforma­ción por la que se votó en octubre de 2020.

Entre los cambios aprobados en el texto se incluyen derechos fundamenta­les relacionad­os con la libertad de expresión, los sexuales y reproducti­vos, a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad de asociación, a la vivienda,a la salud y los laborales, entre otros. Se crea, por ejemplo, un Sistema Nacional de Salud y se obliga al Estado a fortalecer el sistema público en esta materia. Asimismo, el Estado será garante en educación, vivienda digna y una pensión. En cuanto a la educación, el texto propone que ésta sea de acceso universal en todos sus niveles, y obligatori­a desde el primer nivel básico hasta la formación media.

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