Los “servicios personales” de la Coordinación de Memoria Histórica
Creada durante la actual administración, la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, presidida de manera honoraria por esposa del presidente tiene como propósito “preservar de forma integral el patrimonio cultural de la Nación” y, aunque los resultados de sus actividades no quedan claramente reportados, en los dos últimos años ha tenido un incremento en su presupuesto de 184 por ciento, para realizar actividades que antes eran coordinadas y operadas por la Secretaría de Cultura federal.
En específico, la citada coordinación recibió para su operación 11 millones 528 mil 110 pesos en 2020 y, ya para 2022, el dinero que le fue asignado ascendió a 32 millones 830 mil 325 pesos.
De todo esto, 31 millones se ocuparon extrañamente en “servicios personales”.
El resto en “servicios generales”.
Hasta ahora, los alcances de esa oficina se han expuesto vagamente en los informes presidenciales, además de manifestarse en una escasa actividad pública de que si acaso ha realizado giras por Europa y América con propósitos de recuperación histórica.
En realidad, se desconoce el detalle de los recursos etiquetados para los programas y proyectos ejecutados. En su calidad de presidenta de la Coordinación,
ha representado al país en eventos como la toma de posesión de en Chile, y encabezado una comitiva para apoyar al argentino
frente a “la gran ofensiva que recibió de la derecha”, esto antes de reunirse con su ministro de Cultura y participar en un festival de lectura, como justificación de la visita a su país.
En tanto, durante su visita a Europa, se reunió en Francia con esposa de
Fue a Roma para encontrarse con el presidente
y, en aquella ocasión, llevó la petición formal al presidente de Austria,
para recuperar el penacho de Moctezuma. Pero parece que, de ahora en adelante, la Coordinación de Memoria Histórica no tendrá más ampliaciones presupuestales pues, por decreto publicado en el DOF apenas en abril, dejará de ser parte de la Presidencia de la República y pasará a integrarse al Archivo General de la Nación, un proceso para el cual hay un plazo de máximo de 180 días naturales, de los cuales, hasta la publicación de esta columna, ya transcurrieron 52.
El cambio de estructura podría impactar una de las actividades predilectas del presidente la de mostrar hechos relacionados con la memoria histórica del país, pues el decreto elimina la fracción III del Artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que concedía a la Oficina de la Presidencia de la República la función de "difundir y proyectar el derecho a la memoria de la Nación, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal".