Ilegal, la terapia de conversión
Cualquier tratamiento para cambiar orientación sexual se castigará con una multa y cárcel hasta por 3 años
PUEBLA. El Congreso del Estado aprobó las modificaciones al Código Penal de Puebla para tipificar como delito los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig) de las personas, conocidas como terapias de conversión.
En medio de una pequeña protesta por parte de los miembros de la comunidad LGBT+, los legisladores votaron la iniciativa del diputado local de Morena, Carlos Alberto Evangelista Aniceto, misma que fue aprobada con 33 votos a favor, siete abstenciones, cero en contra y un impedimento.
El delito se castigará de uno a tres años de cárcel, y de 50 a 200 días de salario a la persona moral o física que aplique o financie cualquier tratamiento con el objetivo de modificar la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas.
El diputado morenista Iván Herrera Villagómez destacó que esta aprobación era necesaria, ya que es una forma de terminar con los atentados que sufren las personas LGBT+ por su orientación sexual e identidad de género.
“Exigimos el cese inmediato a la agresión, a la publicidad victimizante, y a la violencia psicológica a la que tienen sometidos a niñas y niños”, aseguró.
Posterior a la aprobación, la comunidad LGBT+ que se dio cita afuera del recinto del Poder Legislativo celebró el hecho, al que catalogaron como “histórico”, afirmando que “no hay nada que curar”.
Mientras en Veracruz, el pleno del Congreso del estado aprobó el matrimonio igualitario en la entidad, mismo que quedó establecido en el Código Civil.
Dicha aprobación se logró con 38 votos a favor y cuatro en contra, todos de diputados panistas.
La modificación a la ley se obtuvo tras las propuestas para reformarla que presentaron el diputado del PT, Ramón Díaz Ávila, y el diputado de Morena, Gonzalo Durán Chincoya.
La primera entidad que aprobó el matrimonio igualitario en el país fue la Ciudad de México en el año 2009 y en años posteriores se han ido sumando a la lista más entidades como Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
“Exigimos el cese inmediato a la agresión, publicidad victimizante y violencia psicológica a la que someten a las niñas y niños”