El ingreso vital de emergencia no ha pasado
Dos años y tres meses desde que el Covid-19 llegó a nuestro país. Y desde entonces, miles de personas han perdido sus ingresos y millones más se han incorporado a las filas de la pobreza, 3.8 millones para ser exactos (CONEVAL, 2021). La situación no ha m
Han pasado
La seguridad social ya excluía a millones de personas que laboran en la informalidad y en este mismo periodo esta carencia incrementó un 78 por ciento más, toda vez que –en medio de la crisis de salud—,18 millones de personas perdieron su afiliación al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Ante esta situación, en colectivo más de 70 organizaciones ciudadanas impulsamos el Ingreso Vital de Emergencia con la finalidad de que todos aquellos que perdieran sus ingresos –a consecuencia de la pandemia— pudieran recibir un apoyo temporal (3 a 5 meses) de tres mil 700 pesos mensuales. Durante el primer año de la pandemia, la medida fue respaldada por cientos de legisladores de todas las fuerzas parlamentarias. No obstante, no logró el mismo apoyo del titular de ejecutivo federal. A partir de ello, emprendimos bajo el liderazgo de RENACE San Luis Potosí, un plan de litigio estratégico para defender ante los tribunales federales del país, este derecho que nos falta.
Hace un año, con dicha estrategia se lograron obtener las primeras tres sentencias positivas de una jueza de distrito en Morelia que concedió el amparo y la protección para tres trabajadoras del hogar. Aunque la medida fue para casos específicos, las autoridades judiciales reconocieron que no basta con que existan programas sociales, sino que el Estado está obligado a garantizar nuestros derechos, es decir, tienen el deber de encontrar la manera de garantizar condiciones mínimas de subsistencia para las personas que más les han afectado las condiciones de la pandemia.
Por tanto, la semana pasada RENACE San Luis Potosí y Nosotrxs presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de atracción sobre el amparo en revisión 56/2022 con la finalidad de que decida si ejerce o no su facultad de atracción sobre el caso. Y de igual manera, para analizar y posicionarse sobre el derecho al mínimo vital como una medida de protección para las personas que se encuentran en situación de pobreza en contextos de crisis. Esto permitiría fijar los criterios de resolución de casos futuros y evitaría que miles de personas sigan incorporándose a las filas de la pobreza.
Es importante mencionar que esta medida ha sido ampliamente adoptada por más de 150 países en el mundo y por lo menos 18 en América Latina, toda vez que evita que en una situación incierta las personas no cuenten con estabilidad financiera que les permita sortear los estragos.
Aunque el tiempo ha pasado y la responsabilidad pública se ha diluido, no ha pasado la incertidumbre que millones de familias padecen todos los días al no contar con los ingresos y condiciones mínimas de subsistencia y no ha pasado –de otro lado— la exigencia colectiva que persistirá en tanto no sean garantizados todos nuestros derechos.
La semana pasada RENACE San Luis Potosí y Nosotrxs presentamos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una solicitud de atracción sobre el amparo en revisión 56/2022 para analizar y posicionarse sobre el derecho al mínimo vital como una medida de protección para las personas que se encuentran en situación de pobreza en contextos de crisis.