Los desafíos para la ‘paz total’ en Colombia
“No vamos a gobernar con un espejo retrovisor”. Esta fue la principal conclusión del equipo del recién inaugurado presidente de Colombia, Gustavo Petro, tras semanas del ‘proceso de empalme’ con la administración saliente de Iván Duque.
Con menos de una semana en la Casa de Nariño, Petro esbozó de manera inmediata las prioridades de su administración, en lo que se dibuja como un potencial círculo virtuoso: atender la violencia mediante una estrategia de “paz total” que involucre tanto a grupos paramilitares como a organizaciones criminales; promover una reforma fiscal que permita financiar su robusto programa de seguridad social; y atender las desigualdades que han perjudicado a los sectores menos favorecidos de la población.
Entre éstas, la propuesta de paz total es quizá el desafío más grande, el plan más ambicioso y la necesidad más urgente en el plan de gobierno de Petro. A grandes rasgos, implica una mejor implementación de los acuerdos de paz firmados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); lograr una negociación similar con los principales grupos paramilitares y organizaciones criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo; y terminar con la estrategia de guerra contra el narcotráfico que ha catalogado como fallida, mediante medidas como la desmilitarización del país.
Ya son 30 los grupos que han mostrado interés en participar en un proceso de negociación. Sin embargo, las demandas del gobierno y las de dichos grupos resultan irreconciliables. Desde una visión de justicia restaurativa, la administración de Petro está dispuesta a reducir ciertas penas y promover una serie de incentivos a cambio de la desmovilización de estas células e información sobre las principales rutas de tráfico de drogas y actividades ilegales. Sin embargo, esto no es suficiente para los grupos, quienes han exigido una amnistía total y la suspensión de extradiciones como el precio a pagar para un efectivo cese al fuego.
La inviabilidad del proyecto no recae únicamente en la incompatibilidad de condiciones y recompensas, sino también en la propia naturaleza de las organizaciones. En el caso de las FARC y el ELN, existen tantas facciones que difícilmente se podrá llegar a un consenso entre todas. Así mismo, parte de las dificultades que atravesaron gobiernos anteriores al intentar negociar con el ELN recae en su propia estructura; mientras que las FARC están organizadas por una estricta jerarquía, la horizontalidad y descentralización del ELN imposibilita una negociación definitiva ante distintos liderazgos y modus operandi de acuerdo con su ubicación. Por su parte, mientras que resulta necesario incluir al Clan del Golfo entre los actores para lograr la paz al ser el principal cártel del narcotráfico en el país, necesariamente se requiere una aproximación distinta. Mientras que los grupos paramilitares figuran como entidades políticas que incluso han logrado un lugar en el congreso del país, el Clan es una organización puramente criminal. El simple hecho de entablar una negociación requiere de un proceso legislativo previo que lo permitiera.
Pese a que la propuesta de paz total ha sido abrazada por distintos sectores, enfrenta por lo menos dos frentes de oposición relevantes: a nivel nacional, los partidos de derecha y centro-derecha que tienen una importante presencia en el Congreso y a quienes Petro necesita para la instrumentación de cualquier proceso de negociación; y en la esfera internacional, a Estados Unidos, su principal aliado estratégico. Dado que agencias estadounidenses han catalogado a grupos como el ELN y la Segunda Marquetalia como organizaciones terroristas, difícilmente Estados Unidos pueda apoyar un proceso de paz con estos actores. Esto implicaría un cese inminente en la cooperación económica y técnica en materia de seguridad.