Acceso informativo: barrera en planeación
Mi trayectoria en el servicio público me ha permitido conocer vecinos en diversas alcaldías, quienes me han buscado para platicar del proceso de planeación de la ciudad. Lamentablemente hemos coincidido en que el proceso no ha tenido difusión suficiente,
Al revisar la ley, es obligación de la Jefatura de Gobierno publicar la convocatoria y realizar “amplia difusión” para que la ciudadanía participe en foros y emita propuestas; sin embargo, parece que interpretan la palabra “amplia”, pues debe entenderse como la obligación de utilizar todos los medios al alcance de la autoridad para cumplir su obligación y lograr el objetivo de la ley.
Los vecinos coinciden en no haber visto en medios impresos, la televisión, anuncios del metro, o escuchado en la radio, información para participar en este proceso de consulta; incluso no hay una fuente oficial de las actividades planteadas, lo que impide tener información.
Actualmente el acceso a la información se considera uno de los derechos más amplios, pues no es sólo un grupo de datos de interés particular, sino que se incorpora la posibilidad de acceder a ellos de forma permanente.
Mientras la Constitución reconoce este derecho, diversas leyes lo garantizan señalando la obligación de una o más autoridades para que toda la ciudadanía pueda gozar plenamente de él.
Sin embargo, esta consulta de los Instrumentos de Planeación, es ejemplo de la falta de cumplimiento de esas obligaciones; pues las autoridades responsables no han actuado de acuerdo con la Ley.
Por eso, es contradictorio que apenas el 21 de diciembre de 2021 la jefa de Gobierno publicó un decreto señalando la importancia de contar con un servicio de medios públicos de la Ciudad de México, para difundir las actividades y garantizar los derechos de todas las personas; y ocho meses después, ese ente de gobierno no haga el mínimo intento por convocar a la ciudadanía o informar del proceso que impactará la CdMx en los próximos 20 años.
Esta omisión, es igual de lamentable que la falta del sistema de información pública, que sería herramienta de consulta para emitir opinión del Plan General de
Actualmente el acceso a la información se considera uno de los derechos más amplios, pues no es sólo un grupo de datos de interés particular, sino que se incorpora la posibilidad de acceder a ellos de forma permanente y la Constitución lo reconoce.
Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial; pues el mismo documento reconoce que las proyecciones están sujetas a revisión, ya que no hay datos suficientes o confiables en los que se puedan basar.
La pregunta es ¿podemos estar seguros del planteamiento o propuesta a 20 años que tiene sustento en datos que no son confiables?
Algo aún más grave, en la elaboración de los documentos, se debió identificar los principales problemas públicos; para que las metas, objetivos y programas propuestos atiendan o resuelvan dichos problemas a corto, mediano y largo plazo; sin embargo, el documento señala que ese apartado está “en proceso de elaboración”, haciendo evidente una estrategia de gobierno que demuestra varias cosas:
No se ha considerado la participación democrática de la ciudadanía para elaborar los proyectos.
No publicar todo de manera oficial, permite modificar el proceso y actividades “sobre la marcha”.
No se promueve la participación de la ciudadanía.
No se garantiza el derecho al acceso a la información al no señalar oficialmente una lista de actividades, fechas, lugar y forma de participar.
Cada intento por corregir algún error u omisión en la convocatoria, confirma que el proceso está mal planteado desde el origen.