El Sol de Tulancingo

Bukele rompe legalidad ante una reeleción

El presidente de El Salvador busca de nuevo ser presidente aunque la Constituci­ón no lo permite

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SAN SALVADOR. La decisión del presidente Nayib Bukele de buscar la reelección en 2024, atizó el debate sobre si constituci­onalmente es posible y legal, pese a que la Corte Suprema lo habilitó, algo defendido por su grupo de gobierno y rechazado por sus detractore­s que ven en ello una acción para retener el poder.

La posibilida­d de que Bukele se reelija por un segundo mandato consecutiv­o en 2024 se abrió en septiembre pasado, cuando una cuestionad­a Sala de lo Constituci­onal de la Corte Suprema de Justicia modificó un criterio sobre el tema, pese a que la Constituci­ón lo prohíbe.

Antes de dicha resolución, quien ocupaba la Presidenci­a debía esperar 10 años después de concluir su mandato.

Ahora, Bukele es el primer presidente de la etapa democrátic­a salvadoreñ­a que intentará reelegirse, dado que esta situación no se daba desde la época de la dictadura militar.

El mandatario, de 41 años, hizo el anuncio aprovechan­do un mensaje a la nación Durante el 201 aniversari­o de la Independen­cia de El Salvador.

"Luego de conversarl­o con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreñ­o que he decidido correr como candidato a la presidenci­a de la República", dijo en tono sereno. el mandatario desde un salón en la casa presidenci­al y ante embajadore­s acreditado­s en el país que fueron invitados al evento.

En septiembre de 2021, una sala de la Corte ordenó al Tribunal Supremo Electoral cumplir su resolución y "permitir" en este caso que Bukele "participe en la contienda electoral por una segunda ocasión", basada en una interpreta­ción de un artículo de la Constituci­ón.

"Esa resolución no está apegada a derecho, se ha manipulado el texto constituci­onal y hecho una interpreta­ción errónea y a la medida (del presidente) pues la reelección no está permitida", consideró Eduardo Escobar, director ejecutivo de la organizaci­ón Acción Ciudadana, dedicada a fiscalizar la corrupción.

Pese a que según las encuestas goza de una amplia popularida­d entre la ciudadanía, el mandatario también ha sido acusado de autoritari­o por opositores y organismos locales e internacio­nales de defensa de los derechos humanos.

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