Acusan a Encinas de politizar caso Ayotzinapa
Los abogados de los cuatro soldados detenidos por la desaparición de los 43 normalistas dijeron que los culparon con pruebas falsas
CDMX. Los abogados de los cuatro militares que están detenidos por su presunta relación en el caso Ayotzinapa acusaron al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de politizar el tema y de presentar pruebas falsas en su contra, por lo que adelantaron que presentarán una denuncia en su contra y de quien resulte responsable por “manipular” información.
Los señalamientos contra Encinas se dieron horas después de la renuncia del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Omar Gómez Trejo. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ,su salida se dio por diferencias en el manejo de la investigación al interior de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Resulta injustificable que se siga manipulando la información e inventando evidencia para fabricar culpables, por lo que en su oportunidad presentaremos las acciones correspondientes en contra de quien resulte responsable”, señalaron los abogados Alejandro Robledo Carretero y Omar González Hernández, quienes representan al entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Alejandro Pirita y al sargento Eduardo Mota Esquivel.
En rueda de prensa a las afueras del Campo Militar No.1, los litigantes acusaron que ninguno de sus defendidos está sujeto a proceso por lo revelado en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) “como maliciosamente se ha hecho creer a los familiares de los estudiantes desaparecidos”.
Robledo Carretero y González Hernández explicaron que las acusaciones por delincuencia organizada y desaparición en contra de sus cuatro representados están sustentadas en los dichos “falsos” de un testigo protegido.
Al mismo tiempo acusaron que el informe del CoVAJ presentado en Palacio Nacional hace más de un mes está “plagado de falsedades, conjeturas y especulaciones” y que las capturas de pantalla filtradas el pasado fin de semana no son fiables, pues el propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rechazó tener conocimiento de ellas.
“Lo anterior implica que hasta antes de la difusión del informe no se contaba con indicio alguno de que existieran capturas de pantalla con las supuestas conversaciones que se dieron a conocer; no se sabe cómo, cuándo, dónde ni de quién se obtuvieron las cuestionables conversaciones, lo cual hace muy probable de que lo que se nos está presentando por parte del subsecretario Encinas se trate de conversaciones falsas”.
Además de las supuestas pruebas falsas presentadas en el informe de la CoVAJ, los abogados culparon al subsecretario Encinas de politizar el asunto y adelantaron que presentarían una denuncia por “manipular” la información para “fabricar” culpables.
En las comunicaciones que aparecen en el Anexo 8 del Informe de la Comisión Ayotzinapa, se revela que el 29 de septiembre de 2014, a tres días de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, un miembro del grupo criminal Guerreros Unidos conocido como El Chino informa a otro integrante de esa banda, apodado La Gorda, que vieron a El Negro (también integrante de Guerreros Unidos) entrando al 27 Batallón de Infantería con El Coronel, quien es identificado como el general José Rodríguez Pérez.
El documento también señala que el 30 de septiembre se dio otra comunicación entre El Chino y El Coronel −según el informe en su versión pública− en la que el miembro de Guerreros Unidos le informa al militar que “él y su gente ya se encargaron de los seis (normalistas) de la ‘bodega vieja’ y le pregunta si quedaron más vivos”.
Entre octubre y noviembre de 2014 −indica el Anexo 8 del informe Ayotzinapa− el coronel Rodríguez Pérez (ascendido a general en 2015) había comentado a El Chino en una comunicación que “soldados saquen los restos de Iguala y se llevaron la mayoría al Batallón (27 de Infantería)”.
El 28 de marzo, el GIEI presentó el Tercer Informe sobre el caso Ayotzinapa, en donde revelaron que el Ejército habría participado en la desaparición de los 43 estudiantes por medio de un mecanismo de contrainsurgencia, además de que hubo infiltración de militares entre los normalistas.
Los integrantes del GIEI también señalaron que encontraron información respecto a que los militares del 27 Batallón de Iguala controlaban el Centro de Control Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), y manifestaron que existían contradicciones entre las sucesivas declaraciones de los integrantes del Ejército sobre investigaciones paralelas ante autoridades castrenses a las que los expertos no habían podido acceder.
Esto luego de que a petición de la propia FGR se cancelaron 21 de las 83 órdenes de aprehensión que se giraron el pasado 19 de agosto contra posibles responsables en el caso; 16 de ellos mandos militares y elementos de tropa.
Al respecto el propio Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez respaldó el trabajo de la Comisión a cargo de Encinas para esclarecer la desaparición de los jóvenes, por lo que pidió que no se lleven a cabo acciones al interior del gobierno en contra del subsecretario, quien abiertamente ha señalado que lo sucedido en Iguala, Guerrero, fue un crimen de Estado en el que hay elementos para sostener que hubo participación activa y pasiva de autoridades de los tres niveles de gobierno, incluyendo a la Sedena.
PROTESTA EN IGUALA
OMAR GÓMEZ, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), renunció a su cargo
Luego de realizar una marcha y mitin en la ciudad de Iguala, en el que estuvieron acompañados por padres de los normalistas desaparecidos e integrantes de organizaciones sociales, los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vandalizaron las instalaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Los estudiantes utilizaron dos vehículos repartidores de la empresa Bimbo y Pepsi, los cuales utilizaron para abrir las puertas de la sede judicial.
Ingresaron al lugar y lanzaron piedras y cohetones contra las oficinas, las cuales estaban deshabitadas porque las autoridades decretaron día libre, tomando en cuenta las manifestaciones programadas.
Posteriormente prendieron fuego a los vehículos y realizaron pintas y destrozos en el inmueble, sin que se registrara la presencia de elementos de alguna corporación policiaca.