La Cumbre y la democracia
La semana pasada concluyó la Cumbre Global por la Democracia Electoral, organizada por el INE junto con 17 instancias internacionales, incluyendo autoridades y asociaciones de organismos electorales de África, América, Asia, Europa y el Medio Oriente. El
Hay dos conclusiones de la Cumbre que merecen destacarse y que están relacionadas. La primera es que hay coincidencia en que la democracia es la mejor forma de gobierno. De ahí que surja la preocupación por el resurgimiento de tendencias populistas o de autoritarismo en las formas de gobernar, como respuesta a la existencia y persistencia de problemas estructurales que la propia democracia no ha podido solucionar (pobreza, desigualdad, corrupción).
Refleja lo anterior lo manifestado por la organización IDEA internacional en su informe sobre El Estado de la democracia en el Mundo 2021. En dicho documento se señala que, desde hace unos años, más países han transitado a un modelo autoritario que a la democracia. Incluso señala que gobiernos que han emanado de procesos democráticos implementan acciones autoritarias que cuentan con el apoyo popular, lo cual fue en aumento a partir de la pandemia.
La segunda es la preocupación por la concentración de poder. A partir de experiencias internacionales, se ha identificado en gobiernos democráticamente electos la tendencia a ir desapareciendo o debilitando aquellos mecanismos o instituciones que garantizaban el equilibrio en el poder.
En la Cumbre se mencionaron varios, pero me importa destacar el relativo a los intentos de cooptación de aquellas instituciones que están diseñadas para ejercer funciones trascendentes y de contrapeso del Estado o de minar, a través de políticas o decisiones gubernamentales, su autonomía o independencia con el firme propósito de afectarlas y desacreditarlas.
Lamentablemente esto último ha ocurrido en México desde hace unos años. A manera de ejemplo, solamente me referiré al constante actuar de la mayoría de la Cámara de Diputados de recortar importantes montos del presupuesto al INE con el simple objetivo de asfixiar económicamente a una institución que desde hace muchos años ha demostrado su importancia para la democracia mexicana.
Las cifras no son menores y evidentemente son una tendencia si se analiza este comportamiento por parte de la Cámara de Diputados. En 2020 se redujo a todo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) más de 14 mil millones de pesos. De dicho monto de reducción, corresponde al INE el 7.3 por ciento. Para 2021, la reducción total del PEF fue de 2 mil 500 millones de pesos. El recorte realizado a la autoridad electoral corresponde al 34 por ciento de dicho monto. Para 2022, la disminución al PEF fue de 8 mil millones. La reducción al INE abarca el 61.1 por ciento de dicho monto. Seamos claros: hay una lógica muy clara de asfixiar presupuestalmente a la autoridad electoral.
Ello ha obligado a que el INE acuda a la SCJN para impugnar la discrecionalidad del actuar de la Cámara de Diputados y, hace unos meses, obtuvo una sentencia favorable (controversia constitucional 209/2021), en la que se obliga a la Cámara a analizar y determinar de nueva cuenta el presupuesto del INE para 2022, ya sea para otorgar los recursos originalmente solicitados o para negar los mismos, pero con argumentos, como
A partir de experiencias internacionales, se ha identificado en gobiernos democráticamente electos la tendencia a ir desapareciendo o debilitando aquellos mecanismos o instituciones que garantizaban el equilibrio en el poder.
debe ser -dicho sea de paso- en toda decisión de autoridad.
En ese último supuesto, el de negar los recursos solicitados, de acuerdo con lo resuelto por la SCJN, la Cámara debe hacer una motivación reforzada de su decisión, pues detrás de ella está el ejercicio de derechos fundamentales y la autonomía del INE. De ahí que deba explicar con argumentos técnicos (basados en evidencia contable) las razones por las cuales no procede la propuesta original presentada por el INE.
Ayer se aprobó por la mayoría de la Cámara el acatamiento de dicha sentencia. La Cámara sustenta su negativa en tres argumentos: 1. El INE no ha ajustado sus proyectos de presupuesto en la misma medida que otros órganos constitucionales autónomos. 2. El presupuesto del INE no está apegado al principio de austeridad republicana. 3. No se dio la debida justificación presupuestal para llevar a cabo la Revocación de Mandato y la Consulta Popular.
Dichas razones no satisfacen lo ordenado por la SCJN. Habrá que esperar el final de este asunto, pues marcará un importante precedente sobre la manera en que la Cámara de Diputados puede ejercer su atribución de aprobar el presupuesto de órganos autónomos, esto es, a través de discrecionalidad absoluta, como ha ocurrido desde hace muchos años, o con rigor técnico y jurídico. La democracia exige lo segundo, en México y en todo el mundo.