Cultura y memoria: derechos indivisibles y fundamentales
Nuestro país y la Ciudad de México fueron el extraordinario escenario de la reunión de Mondiacult que, una vez más, en su edición de 2022, aportó enormes avances al reconocimiento de los derechos culturales y la cultura como cuarto pilar de desarrollo de
El evento contó con la participación de 150 países integrantes de la UNESCO, y si bien no estuvo exento del reclamo a la Federación Rusa motivado por la integración a su territorio de cuatro provincias pertenecientes a Ucrania, sí obtuvo el apoyo mayoritario para que se emitiera una declaración histórica en la que se reconoce a la cultura como “un bien público mundial” y se marca la hoja de ruta para incluir a los derechos culturales integrándolos a los ODS del organismo institucional responsable de la cultura, la ciencia y la educación en las Naciones Unidas.
No obstante estos logros, para quienes desde 2008 hemos aportado acciones legislativas a favor del reconocimiento pleno de los derechos culturales, la declaratoria como “bien público mundial” por su definición aún no alcanza el nivel que a criterio de muchos de nosotros ameritan los derechos culturales y su indivisibilidad con un derecho a la memoria de mayor alcance y profundidad, más allá de solo aplicarlo como expresión de los procesos de reparación de daños a las víctimas de ignominiosas violaciones a Derechos Humanos.
En tal sentido, coincidimos con la postura expresada por el reconocido defensor de derechos humanos, el Padre Miguel Concha en su reciente artículo de
“La cultura del sentimiento y la memoria
acrecientan la dignidad e independencia”. fondo, para quien “el derecho a la memoria debe formar parte de la reconstrucción del tejido social y contribuir a la pacificación social en diversos contextos locales. De ahí que se avizora la necesidad de desarrollar y llenar de más contenido tal derecho, primero en leyes específicas y después en las elaboraciones de acciones de Estado encaminadas a su realización, mediante políticas públicas de memoria”, convergencia que permite proponer integrar dicho derecho en nuestro pacto social federal, expresando explícitamente su indivisibilidad con los derechos culturales ya contemplados en el artículo 4 de nuestra Constitución.
De igual forma, coincidimos en enriquecer en las leyes secundarias la definición de cultura y la integración del término Memoria Histórica en los textos, retomando la propuesta expresada por la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller en su intervención durante la inauguración de la Mondiacult, ante cuyo auditorio expresó: “Cultura hoy en día, -según mi entender y propuesta-, es todo aquello que nace en una comunidad o naciones derivado del conocimiento, el temperamento, las tradiciones y las costumbres que tienen, crean o han heredado. Cultura ya no es más, en exclusiva, el arte de tocar el violín o la figura de mármol. Cultura es el arte de crear en un tiempo y un espacio, y como ambos varían de manera inevitable, se tiene por
Y SIN EMBARGO SE MUEVE
cierto entonces que la cultura no es sin el hombre, sin la mujer quienes también van cambiando”.
De igual forma consideramos importante apoyar intensamente la recomendación del trabajo de la Relatora Especial de la UNESCO, Alexandra Xanthaki, que en el numeral 100 de sus recomendaciones “apoya plenamente la campaña del
Objetivo Cultural 2030, que prevé el reconocimiento de la cultura como cuarto pilar del desarrollo sostenible y, en particular, otorgar una mayor importancia a la cultura en la implementación de la agenda 2020 y aboga por la adopción de un objetivo independientes sobre la cultura en la agenda de desarrollo posterior a 2030 y de una agenda global para la cultura”, objetivo propuesto por la Agenda-21 de la organización internacional Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), cuyo esfuerzo ha sido acompañado por la Ciudad de México desde la propuesta de lograr este reconocimiento por la UNESCO.
Los avances que se logren a favor de estas propuestas serán, de acuerdo al filósofo británico Herbert Spencer, los que nos permitirán acrecentar la dignidad e independencia de nuestra cultura y de nuestra memoria.
La declaratoria como “bien público mundial” por su definición aún no alcanza el nivel que a criterio de muchos de nosotros ameritan los derechos culturales, más allá de solo aplicarlo como expresión de los procesos de reparación de daños a las víctimas de ignominiosas violaciones a Derechos Humanos.