Viene purga en la Guardia Nacional
Las prisas del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional sea transferido a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ha topado con barreras legales que podrían retrasar esa urgencia.
Más allá de que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, continúa negándose a acatar la orden de una jueza federal para suspender ese trámite, lo que asoma es una intensa batalla jurídica en otro flanco, el que vendrá derivado de la purga que se prepara del personal civil al interior de la corporación.
Documentos oficiales recogen los preparativos para tener disponibles recursos financieros y liquidar a los poco más de 23 mil efectivos civiles que vienen de la Policía Federal, quienes conforman el último reducto de profesionales de la seguridad pública en los que se invirtió en los últimos dos sexenios para poder contar con un cuerpo especializado en diferentes ramas.
Un oficio fechado el pasado 24 de septiembre de 2022 enviado al jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es la primera evidencia de los preparativos de un despido masivo al interior de la Guardia Nacional. En el documento se solicita la intervención de ésta área ante la Secretaría de Hacienda para gestionar los recursos que serán destinados como “compensación económica” con motivo de la “terminación de la relación laboral” que ocurrirá una vez que entre en funciones las disposiciones del decreto presidencial del 9 de septiembre para que la GN quede adscrita la Secretaría de la Defensa Nacional.
El documento pasa por alto el fallo judicial que tiene entrampado el proceso y que al paso de los días parece que se volverá en un dolor de cabeza para las urgencias presidenciales. La jueza novena de Distrito Karla María Macías Lovera advirtió que la Sedena deberá regresar el control a la SSPC y suspender todo el proceso administrativo. Las áreas que hayan iniciado ese traspaso deberán restituir todos los bienes y recursos a la dependencia. El veredicto del pasado 24 de octubre fue impugnado por el gobierno federal y un tribunal colegiado suspendió la sentencia con el argumento de que el activista de derechos humanos que promovió el amparo para detener el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, no tiene interés legítimo ni jurídico. Sin embargo, el fondo del asunto que se discutirá en las próximas semanas, es que las tareas de seguridad pública son de órganos de carácter civil, no militar, como señala la Constitución.
Negarse a acatar el fallo ya le costó a la titular de la SSPC un multa por 9 mil 622 pesos, de continuar Rosa Icela Rodriíguez sin acatar el fallo la jueza advirtió aumentará la multa a 19 mil 244 pesos y dará visto a la Fiscalía General de la República para que inicie investigación penal por negarse a aceptar una medida judicial.
Lo que al interior de la Guardia Nacional avizoran es que el recorte del personal civil comience entre diciembre y enero, lo que implicaría el inicio de otra batalla legal ante la cantidad de personal que se ha asesorado y cuenta con amparos contra las modificaciones a la ley de la Guardia Nacional. Es decir, la purga no será tersa.