Imaginemos una Fiscalía sin Gertz
Revisemos las tres razones por las que el aún titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, ha sido parte de la conversación pública en días recientes.
CHRISTEL ROSALES
La primera, su inexcusable inasistencia en la Cumbre de Líderes de Norteamérica, en los primeros días del año. Tal cita, en el que sí participó su homólogo estadounidense, se sumó a la lista de actos públicos en los que el fiscal brilló por su ausencia, la cual ya afecta el día a día de la institución (es decir, la Fiscalía opera sin cabeza, o múltiples cabezas, desde Palacio Nacional o la Secretaría de Gobernación, la operan, lo que acaso es más grave).
La segunda está relacionada con el cuarto aniversario de la gestión de Gertz, que ha obtenido resultados medibles y verificables desastrosos, que han provocado retrocesos importantes tanto en el desempeño de la Fiscalía como en su capacidad instalada. Sólo por mencionar algunos, la impunidad en el ámbito federal –me refiero a la medición directa de todos los casos conocidos por la autoridad que no recibieron atención, investigación y/o resolución– se ha incrementado sin tregua: mientras en 2018 se ubicaba en 94.6%, en 2019 alcanzó el 95.1%, en 2020 el 95.6%, y para 2021, último año con datos publicados, ascendió a 96.1%. Tal cual: sólo el 3.9% de los casos conocidos en el fuero federal reciben respuesta.
La falta de resultados debe ser leída, además, bajo dos claves que muestran a la FGR de cuerpo entero: la reticencia a abrir investigaciones (éstas han disminuido en 31.2% desde que el fiscal asumió la titularidad) y la falta de trabajo investigativo, que se refleja en el hecho de que el no ejercicio de acción penal se incrementó de 41% a 76% en estos cuatro años, y en la apuesta de la dependencia por judicializar sólo los delitos cometidos en flagrancia, mismos que representan siete de cada 10 casos.
La tercera razón se relaciona con los rumores sobre el estado de salud del fiscal y las condiciones con las que realmente cuenta para ejecer el cargo, considerando su avanzada edad. Más allá de la veracidad o no de la información, los potenciales escenarios nos obligan a ubicar en el centro de la discusión pública la eventual necesidad de designar a un sucesor. Tenemos que mostrar desde ya los altos costos
Una nueva
que hemos pagado por tener a un fiscal general tan cercano a la pugna por la concentración de poder, y que no sólo no comparte la visión sobre la necesidad de transformar la justicia, sino que ha se ha empeñado en debilitarla.
Esta cuestión no se limita a la interioridad de un órgano autónomo del Estado; ha puesto en jaque al país, al dejarlo sin una instancia capaz de investigar y perseguir a los grandes grupos criminales, a los funcionarios coludidos y a quienes, mediante su violencia, han decidido amenazar el cumplimiento de los derechos fundamentales. En la práctica, sin una FGR efectiva, la delincuencia organizada opera a sus anchas, con una criminalidad que no respeta fronteras, que desequilibra la tan anhelada paz y seguridad pública y que goza de beneficios de contar con un flujo de activos en el propio sistema bancario.
Hoy, una nueva designación en esta esfera de justicia debe ser lo más relevante en la agenda pública. Es imperativo garantizar que tal persona en el horizonte no se limite a cumplir con los requisitos básicos establecidos en la Constitución. Mayores estándares son exigibles: debe ser experta en justicia penal, con una visión armonizada con el sistema adversarial y la protección de derechos humanos, que goce de legitimidad y se encuentre suficientemente desvinculada del poder. Tal designación será responsabilidad tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, y deberá ser producto de un proceso con reglas claras, transparentes y con mecanismos de participación ciudadana que privilegien la selección del mejor perfil. El país no está para otro ejercicio de prueba y error como el de Gertz, ni para otro perfil tan ajeno a demandas de la ciudadanía.