Un año de agitación y acoso a la democracia

Según la legislación vigente en México, el proceso electoral federal para renovar la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados, comenzará, formalmente, en septiembre de este año. Las campañas, con duración de tres meses, arrancarían en marzo del sig

Constitucionalmente, cualquier reforma electoral debe aprobarse 90 días antes de iniciar un proceso; de lo contrario, aplicarán hasta el siguiente. Si pasara el “plan B” de cambios electorales del Gobierno Federal, al margen de las impugnaciones jurídicas, el INE tendría que completar una reestructura a fondo antes agosto. Por eso se habla de una reforma no sólo atentatoria contra el Estado democrático de derecho, sino que se da en el peor de los momentos.

Más aun, este año, en abril, comenzarán las campañas políticas para las elecciones estatales del 4 de junio en Coahuila y el Estado de México, las cuales, por el contexto, pueden llegar a ser definitorias para lo que pase a nivel nacional, sobre todo la segunda, por el peso demográfico.

Como sea, es seguro que estos comicios serán precursores. De entrada, al ser una prueba crítica de la fortaleza y el compromiso de la alianza de los partidos de oposición para hacer equipo por el bien de la nación, por encima de sus diferencias e intereses de partido. Una victoria opositora recargaría de confianza a los millones de ciudadanos que creemos en una alternancia en la conducción federal, tanto en función de los problemas y retos que se han acumulado, lo mismo económicos que en el sistema de salud pública, que para l buena salud de la democracia.

Por lo demás, la alta intensidad política de este año se dará tanto entre los partidos, y más concretamente, entre el Gobierno Federal y la oposición, como al interior de éstos. Para empezar, por la definición de candidatos a la Presidencia, tanto de Morena y sus satélites o aliados políticos como de la oposición.

Vale la pena revisar el mapa de riesgos que presentó Integralia, la firma de consultoría en asuntos públicos y análisis de riesgos que lidera Luis Carlos Ugalde. Es un documento de diagnóstico muy oportuno, conciso e integral, de cómo viene este año, con sensibles desafíos tanto para la gobernabilidad como para el entorno de negocios y la economía.

El reporte señala sin ambages que los principales riesgos políticos en México se relacionan, de alguno u otro modo, con el que ve como el mayor factor de disrupción política hacia el final del sexenio: una creciente radicalización del Ejecutivo Federal para asegurar el triunfo de su partido en 2024, lo que puede darse con más acciones para debilitar a los contrapesos democráticos, las autoridades electorales y las oposiciones, al tiempo que se exacerba la polarización.

Con una probabilidad de ocurrencia “muy alta”, la consultora apunta al riesgo de una intensificación de los embates contra la autonomía y la eficacia del INE, así como el de que grupos criminales aprovechen los procesos electorales para imponer,concretar o extender acuerdos con nuevas administraciones a fin de operar con impunidad, sobre todo a escala local.

De “alta” probabilidad: que las tensiones con Estados Unidos y Canadá por disputas en el marco del T-MEC, particularmente por la política energética de nuestro gobierno, deriven en deterioro económico e incertidumbre jurídica; que la hegemonía regional del partido mayoritario se agudice con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa, con lo que aumenta el riesgo de concentración de poder e ineficacia gubernamental; más militarización en tareas y responsabilidades civiles; aumento en la percepción e incidencia de corrupción; intensificación de actos anticipados de campaña por los aspirantes del partido hegemónico.