Generación de conocimiento socialmente útil
El pasado 13 de diciembre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió al Congreso la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Se trata de una propuesta que incluye una sólida argumentación y justificación de hacia dónde se debe conducir el trabajo científico y tecnológico para dar respuesta a los ingentes problemas nacionales. En la edición del pasado 1 de enero, en el número 2409 de la revista Proceso, se publicó un artículo del exinvestigador de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Tonatiuh Guillén López, titulado Adiós al Conacyt y a los Centros Públicos de Investigación. El objetivo del escrito es desacreditar la iniciativa de ley presentada por el Presidente de la República. Resulta lamentable que alguien que fungió como titular de El Colef por 10 años, se atreva a escribir ese tipo de inconsistencias con argumentos falaces y que transpiran frustraciones personales. Guillén López se viene a sumar a los detractores de las políticas públicas actuales, simplemente por haber sido desplazados del poder. Guillén López se desempeñó brevemente como director del Instituto Nacional de Migración al inicio del Gobierno federal actual y fue despedido por el Presidente por su evidente incompetencia.
Su hipótesis básica es que la iniciativa tiene como propósito “terminar de manera radical con el actual Conacyt y con los Centros Públicos de Investigación (…), además de dar paso a un modelo de política científica basado más en supuestos que en procesos sustantivos adecuados a las disciplinas científicas”. Desde luego no brinda ninguna prueba de sus dichos. Todo se lo achaca a la malignidad del gobierno actual.
A Guillén López le disgusta que se cree un Sistema Nacional de Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innovación (art. 24), aunque también rechaza la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos (art. 71). Para él lo ideal sería continuar con la dispersión y desigualdades en las actividades científicas y tecnológicas en los tres ámbitos de gobierno. Le enoja sobremanera que se defina al personal de investigación como “servidor público a secas”. No entiende que los CPIs son organismos públicos paraestatales.
El art. 85 lo refuta y define al personal claramente. Afirma que en la ley hay un “inventado ámbito” (sic), denominado “comarcas”, lo que al parecer es resultado de su “creativa mente” (sic). Luego ya de plano se rasga las vestiduras: “La parte más devastadora de la propuesta de ley es para los centros que mudarán su naturaleza. Primero, al ser coordinados por el Consejo (Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías) y, segundo, al quedar encargados a la 'dependencia o entidad coordinadora de sector que corresponda', que presidirá su órgano de Gobierno y además regulará sus funciones sustantivas. Por consecuencia, los jefes reales de los centros van a ser las secretarías federales o alguna de sus entidades”.
Y luego se pregunta ¿quiénes nombrarán y serán los jefes de los centros como El Colef, CIDE, CIESAS, etc.? Para lograr su cometido no le importa manipular la norma. Si hubiera revisado la iniciativa, se daría cuenta que en el art. 71 se establece la diferencia entre centros públicos coordinados por diversas dependencias y los dependientes del CNHCyT, que continuará, como hasta hoy, presidiendo los órganos de Gobierno de los 26 centros del sistema. El Consejo continuará designando a los titulares de los centros, pero ahora por 6 años (con una evaluación de continuidad a los 3 años) y no por hasta 10 años como era anteriormente y que le permitió a Guillén López entronizarse en el cargo. Se trata de evitar precisamente la corrupción y el autoritarismo. Nada dice acerca de las instancias que garantizan la mayor participación de las comunidades como las asambleas del personal académico y los consejos consultivos internos (arts. 93 y 94). Tampoco del Sistema Nacional de Posgrados (art. 38); Becas Nacionales (art. 39); Impulso a la Ciencia Básica y de Frontera (art. 42) o Programas Nacionales Estratégicos (art. 93). No le interesan esas “minucias” que se proponen en la iniciativa.
Termina sus sesudas reflexiones con un ejercicio retórico que pretende ser ingenioso: “Con la iniciativa de Ley (…) se está inundando un aeropuerto y se está abriendo un tajo en la selva de las ciencias en México (…) Lo que se impulsa ahora, especialmente para los Centros Públicos de Investigación, es su franca conversión en oficinas burocráticas y la caída al vacío de su naturaleza como comunidades científicas”. De ese nivel quien ahora se firma como “Profesor del PUED/UNAM”.
A Guillén López le disgusta que se cree un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (art. 24), aunque también rechaza la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos (art. 71). Para él lo ideal sería continuar con la dispersión y desigualdades en las actividades científicas y tecnológicas en los tres ámbitos de gobierno.