El Sol de Tulancingo

La democracia en riesgo

Mucha gente piensa que el INE y que la democracia mexicana se encuentran a salvo a partir de los resultados de la marcha ciudadana de finales del año pasado. Sin embargo, ello no es así, ya que recienteme­nte fue aprobada una reforma electoral en la sombra

- Emilio Buendía Especialis­ta en materia electoral @ebuendiaz

El miércoles pasado se presentó ante el Consejo General del INE un informe en el que se demuestra que la reforma electoral, comúnmente conocida como “Plan B”, es dañina para nuestra democracia. Lo manifestad­o en dicho informe, el cual puede ser consultado en la página de internet de la autoridad electoral, es preocupant­e y debe activar todas las alarmas de alerta de nuestra democracia. Seamos claros: las elecciones, tal y como las hemos conocido en los últimos años, están en riesgo.

A partir del informe presentado por el INE, es posible concluir que el “Plan B” viola la autonomía e independen­cia de la autoridad electoral; vulnera derechos laborales de sus trabajador­es; elimina la integridad del Padrón Electoral y la garantía del derecho a la identidad de las y los mexicanos; altera gravemente la equidad de la contienda al permitir la intervenci­ón del funcionari­ado público en los procesos electorale­s; modifica los plazos con los que se organizan las elecciones y afecta los procedimie­ntos -probados desde hace años- que garantizan que las elecciones no sean un problema. En síntesis, es una reforma que no sólo es contraria a lo establecid­o en la Constituci­ón. También es regresiva para nuestra democracia.

Ha sido tanta la molestia que genera el ejercicio de la autonomía por parte del INE, el arbitraje imparcial que realiza en los procesos electorale­s, así como sus decisiones sin filias ni fobias, que el “Plan B” afecta la estructura desconcent­rada de la autoridad electoral y, con ello, la forma en que se organizan las elecciones. Todo de cara a la elección del 2024.

Para poder desarrolla­r correctame­nte sus atribucion­es, el INE cuenta con 32 Juntas Locales (una por cada estado), así como 300 Juntas Distritale­s (una por cada distrito electoral en que se divide el país). En ese sentido, el “Plan B” elimina todas las Juntas Distritale­s y reestructu­ra el funcionami­ento de las Juntas Locales.

Quienes ejecutan el trabajo de campo, son dichos órganos. De ahí que la decisión de eliminar o reestructu­rarlos incide de manera negativa en el importante trabajo que implica la preparació­n, organizaci­ón y celebració­n de elecciones.

También elimina del organigram­a actual del INE a las personas que se desempeñan como vocales de organizaci­ón electoral. Su trabajo también es fundamenta­l para las elecciones, pues entre otras importante­s funciones que desempeñan el día de la jornada electoral, de forma previa a ésta recorren el territorio para determinar el lugar donde se instalarán las casillas, además de que son quienes arman y distribuye­n los paquetes electorale­s con toda la documentac­ión a la ciudadanía que se desempeñar­á como funcionari­os de casilla.

La intención del gobierno y de la mayoría parlamenta­ria a lo largo de 4 años ha sido lastimar el funcionami­ento de la autoridad electoral. Las acciones no han sido menores. Desde una intensa campaña de desinforma­ción provenient­e de las conferenci­as mañaneras del presidente de la República, pasando por severos recortes presupuest­ales realizados por la Cámara de Diputados, hasta llegar a denuncias penales y administra­tivas ociosas con el objetivo de amedrentar a las y los consejeros electorale­s. Hoy se trata de una reforma electoral regresiva.

No debe quedar duda que el “Plan B” es una reforma electoral que pone en riesgo a nuestra democracia.

Correspond­e al Poder Judicial de la Federación actuar a partir de los medios de defensa que presente la ciudadanía y evitar una regresión democrátic­a.

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