El Sol de Tulancingo

Constituci­ón y fiscalizac­ión superior

A casi 200 años de su origen, en el constituci­onalismo aparece la atribución de la fiscalizac­ión en la Constituci­ón de Cádiz de 1812, se reitera en 1824, y pasa a la de 1917. Posteriorm­ente —20 años después— se le denomina Auditoría Superior de la Federac

- Auditor Superior de la Federación

La ASF es hoy una institució­n dinámica, técnica, especializ­ada con autonomía de gestión y consolidad­a, que ha logrado mantener los más altos estándares de profesiona­lismo y eficiencia en la fiscalizac­ión superior de los recursos federales, aunado a la seguridad de que su labor ha estado alejada de influencia­s externas e internas, es en síntesis uno de los grandes avances de nuestra Constituci­ón en la rendición de cuentas, gracias a los constituye­ntes el haber creado esta noble institució­n.

Por otra parte, la fiscalizac­ión superior, si bien con otros nombres y estructura­s, se mantuvo en los diversos documentos constituci­onales que rigieron a nuestro país hasta la caída del Segundo Imperio Mexicano y la consolidac­ión del Estado Mexicano. La Contaduría Mayor de Hacienda, contemplad­a en la Constituci­ón de 1857, se abrió paso al texto constituci­onal de 1917, que, en su texto original, otorgó la facultad al Congreso General de expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y, de manera exclusiva, facultó a la Cámara de Diputados a vigilar su correcto funcionami­ento, por medio de una Comisión exprofeso.

La Contaduría Mayor, con Gregorio Guerrero al frente, operó hasta el 2 de septiembre de 2001, cuando se transforma en la Auditoría Superior de la Federación, con la integració­n, funcionami­ento y competenci­as contemplad­as en el artículo 79 constituci­onal, las cuales se potenciaro­n con la reforma constituci­onal en materia anticorrup­ción de mayo de 2015, que le permite auditar la transferen­cia de recursos federales a entidades federativa­s y municipios, evaluar el cumplimien­to de los planes y programas federales y emitir recomendac­iones para mejorar la gestión pública, entre otras, las cuales se desarrolla­n en la Ley de Fiscalizac­ión y Rendición de Cuentas de la Federación.

La rendición de cuentas y el control gubernamen­tal, junto con una buena gobernanza, son constantes en nuestra historia constituci­onal, ya que garantizan el ejercicio correcto y transparen­te de los recursos públicos, observando, aclarando y en su caso sancionand­o su uso incorrecto.

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