Los excesos de la Corte (I)
Hace dos semanas publiqué un artículo sobre la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que pretende imponer a México la obligación de modificar su Constitución, lo cual, sostuve, me parece un exceso inaceptable.
Su éxito fue inmediato a juzgar por la cantidad de reacciones que produjo, pero me surgieron sentimientos encontrados: por una parte la satisfacción de haber provocado una amplia reacción intelectual en mis colegas, por otra, la decepcionante sensación de encontrarme en franca minoría, por lo menos en el ámbito jurídico nacional. Entre los opositores se aprecian dos posturas: una que presenta argumentos jurídicos y filosóficos importantes y está dispuesta a analizar con seriedad el tema en la Facultad de Derecho de la UNAM, dirigida con acierto por el Dr. Raúl Contreras, y otra intransigente que en algunos casos descalificaba mi opinión cual si fuese una abominable herejía el solo hecho de cuestionar a un órgano garante de los derechos humanos (DDHH). Tal expresión de intolerancia, por supuesto, tiene derecho a manifestarse y la manera de enfrentarla debe ser justamente la tolerancia y la invitación a debatir con razones y argumentos al amparo de la libertad académica de nuestra Universidad, en la cual puede combatirse pero no excluirse ningún pensamiento por cuestionable que pueda parecer a un sector de la comunidad, así sea este muy amplio.
Es imprescindible defender en el campo académico la premisa de que no existe idea alguna condenable, pues ello implica una forma de oscurantismo que parece estarse abriendo paso en el mundo intelectual, con grave daño a la libertad y a la democracia. La defensa de los DDHH empieza por el derecho a pensar libremente y sin dogmatismos impuestos, reconocer que por minoritaria que sea una posición puede tener razón, como lo demostró Galileo. Estar en minoría no es deshonroso, en tanto que sí lo sería no atreverse a defender lo que uno piensa por temor o comodidad. El otro obstáculo a superar es la animadversión política. Recibí opiniones contrarias por haber coincidido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Esas apreciaciones, basadas en ataques ad hominem, deben quedar al margen de un análisis sereno que determine la relación entre el respeto a los derechos humanos y el ejercicio de la soberanía nacional.
Como la condición minoritaria en el campo académico debe ser motivo de estímulo y no de arredramiento, estoy convencido de que conviene un debate sobre el tema al mayor nivel intelectual, ajeno a dogmas académicos o fobias políticas. Debemos precavernos de que el fundamentalismo derechohumanista —permítanme el neologismo— no termine por dañar gravemente la causa de los DDHH, que estarán mejor protegidos por un análisis serio y responsable del equilibrio entre su defensa y el derecho de autodeterminación de los pueblos, que es también un principio aplicable a las relacionesinternacionales.
En ese contexto, propongo atender inicialmente a la pregunta ¿Es válido cuestionar el sentido y alcance de las decisiones de la CoIDH? Supongo que la respuesta unánime debería ser “SÍ”, en tanto lo contrario significaría negar la naturaleza misma de la academia y decretar la intocabilidad de ciertas ideas e instituciones, propia del pensamiento religioso.