Defender instituciones democráticas, un deber de todos La llegada
de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México trajo cambios radicales, se redefinieron conceptos y se reinterpretaron términos a efecto de que éstos se acomodaran a la agenda política del nuevo gobierno. Uno de estos términos fue el de “transparencia”, que dejó de ser un derecho ciudadano de acceso a la información y pasó a ser un espectáculo mañanero de ilusionismo político donde la apariencia de estar informando sustituye el proceso efectivo de informar.
Desde que el presidente inició dando conferencias por las mañanas se pretendió volver ese él único medio de comunicación oficial, es decir, toda la información proveniente de cualquier otra fuente era conservadora, neoliberal y consecuentemente falsa. Pronto las conferencias del presidente saturaron la conversación y el espacio público con un relato carente de sentido y que por lo general no está basado en hechos. Este discurso matutino parece gozar de un estado de excepción comunicacional, donde no hay reglas que lo regulen, pareciera que todo lo que se dice ahí no es susceptible de ser llamado a cuentas y se debe entender como la única realidad.
Para poder hacer frente a esta situación contamos con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), un órgano constitucional autónomo que funge como garante de dos derechos fundamentales que tenemos las y los mexicanos: el acceso a la información pública y la protección de nuestros datos personales; sin embargo, debido a su propio objetivo se ha convertido en un enemigo del gobierno federal ya que la información que facilitan contradice la narrativa “oficial” y revela verdades incómodas sobre nuestras autoridades y su actuar.
El ataque lanzado en contra del Inai consistió en no designar a sus comisionados y dejar pasar el tiempo necesario para que su pleno quedara incompleto y consecuentemente se encontrara inhabilitado para tomar decisiones como: la resolución de los más de 16 mil recursos de revisión resultado de las solicitudes de información de los ciudadanos, la emisión de recomendaciones a los sujetos obligados respecto a la información que deben publicar y la posibilidad de interponer controversias constitucionales y acciones de inconstitucional ante las decisiones que buscan limitar el acceso a la información.
Sin embargo, gracias al esfuerzo de una ciudadanía unida, las organizaciones civiles, los observatorios ciudadanos y las universidades se logró visibilizar el plan para del gobierno federal para herir al Inai. Este llamado de atención obligó a las y los Senadores a cumplir con su responsabilidad y a tomar una decisión de manera inmediata, logrando así salvaguardar nuestro derecho de acceso a la información o mas bien a los “otros datos”, nuestro derecho a conocer la verdad.
Es de celebrar la designación de los comisionados en el Inai pero también es una invitación para todas y todos a no quitar el dedo del renglón. Al actual gobierno no le gusta que existan instituciones democráticas que no comulguen con su agenda política y es por ello que ha buscado debilitarlas a como dé lugar. Aún tenemos, por lo menos, 15 designaciones pendientes en importantes instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Consejo de la Judicatura Federal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros.
La estrategia para alinear a las instituciones no funciona si la sociedad continúa vigilando.