Justicia a consulta

Imagine que alguien entra a robar a su casa, viola a su hija o mata a su esposo. ¿Estaría usted a favor de que, para sancionarlo, le pregunten a sus vecinos si se le debe llevar ante la justicia? Desde luego es absurdo porque la ley prevé la manera en que debe sancionarse ese delito y existen las autoridades competentes para investigarlo, por eso la justicia no se puede someter a consulta, la ley es clara y debe respetarse.

Bajo esa lógica, la discusión no está en si debe juzgarse o no a los expresidentes, si existen elementos para ello que se haga, la ley establece severas sanciones y actualmente no gozan de ningún tipo de fuero o privilegio. El problema está en que el gobierno de Morena pretende hacer de todo un show mediático y trata de engañarnos afirmando que es necesario una consulta popular para poder procesarlos. Lo que hace falta son pruebas y de existir, las tiene el propio presidente, ya que tiene en sus manos los documentos de la gestión de sus antecesores.

Por eso llama la atención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se preste al espectáculo de Morena y dé un paso atrás en la independencia judicial al avalar la constitucionalidad de una consulta que implicará gastar millones de pesos cuando desde el primer día de su gobierno pudieron denunciar las conductas cometidas por los expresidentes que constituyan un delito.

Como mujer hidalguense me llenó de orgullo ver que la ministra Norma Lucía Piña Pérez fue la única mujer en votar en contra de la consulta. La ministra siguió en esa votación el legado de su padre, el célebre escritor y jurista hidalguense Isaac Piña Pérez, quien es recordado con cariño por haber sido un hombre intachable y de principios.

Si una persona ha cometido algún delito, haya sido o no Presidente de la República, se le debe castigar, cómo se deben castigar también los actos de corrupción y la negligencia con la que actúa el Gobierno de Morena.