Víctimas concretas de la justicia ineficaz
Para hacer frente a las crisis necesitamos hablar de reconciliación, comenzando por la de la Fiscalía con las víctimas.
José Martín Morales Galván, Matusalén Melo Cadena y Gersaín Cardona Martínez: tres nombres entre las miles de personas que merecen (deben) ser buscadas y cuyas familias se han convertido en víctimas de la ineficacia de las instituciones. Los tres desaparecieron en episodios independientes a lo largo de 2009, en Coahuila. Sus familias acudieron a la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, para denunciar los hechos, pedir la búsqueda y exigir la investigación. Hoy, 12 años después, siguen sin respuesta.
La vida se ha convertido para Rosario, hermana de José Martín; María Antonia, hermana de Matusalén, y para Lizet, hija de Gersaín, en una herida siempre abierta. Pero también en una peregrinación entre oficinas, en una exigencia constante hacia las autoridades: que les den acceso a las investigaciones, que se realicen diligencias fuera del escritorio, se recaben elementos de prueba, se excave en lugares con probabilidad de hallazgos, se amplíen las líneas de investigación y se resguarden las carpetas, que a veces se dan por perdidas.
En México el número de personas desaparecidas asciende constantemente; al 10 de mayo de 2021 se registran más de 87,700. No las suficientes, al parecer, para romper con la inercia de las instituciones, cuya burocracia administra la impunidad y busca apaciguar la exigencia social. Esta inercia violenta y estigmatiza a las víctimas, censura el cuestionamiento, cierra espacios a la colaboración y cancela alternativas de acción. Por eso una transformación institucional que cierre los espacios de arbitrariedad de los operadores debe ser el primer objetivo.
Lo que nos toca en la sociedad civil es proponer y coconstruir. Por eso, hace unos días desde México Evalúa presentamos el reporte De procuradurías a fiscalías: Observatorio de la Transición 2020.
En él documentamos que a dos años de haber iniciado su proceso de transformación, la Fiscalía General de la República (FGR) exhibe una resistencia al cambio que ya toma forma, más bien, de franco y acelerado retroceso.
Observamos una FGR que redujo sus investigaciones 12.7 por ciento; incrementó su rezago a 71.7 por ciento; mandó al archivo cuatro de cada 10 casos; destinó buena parte de sus recursos a la judicialización de asuntos relacionados con portación de armas de fuego y con narcomenudeo, –es decir, a aquéllos que no figuraban entre sus prioridades–, y se coordinó con reticencias con otras instituciones. Y todo eso se reflejó en su rechazo a investigar casos como el de los 19 cuerpos de migrantes guatemaltecos que fueron calcinados en Camargo, Tamaulipas, o el intento de homicidio del secretario de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, entre muchos otros.
El nivel de impunidad con el que opera la FGR es de 95.1 por ciento, y es todavía mayor si lo analizamos por fenómenos específicos. En casos de desaparición prácticamente alcanzó el 100 por ciento, según registros oficiales: de 1,363 investigaciones sólo presentó cargos en cuatro (0.29 por ciento), y no se informó sobre alguna condena. Hay que decirlo, a la deuda que la Fiscalía mantiene con todo el país, especialmente con las víctimas, se suma el agravio. No sólo ha dejado en la impunidad los casos de José Martín, Matusalén y Gersaín –entre miles más–, sino que además promovió una Ley Orgánica que cancela por completo sus derechos. Para algunos, contar con una ley regresiva no agrava la ya de por sí alarmante ineficacia institucional; otros vemos el nuevo marco normativo como la manera de formalizar y justificar "legalmente" esa ineficacia e inacción.