Por una ciudad con orden
El derecho a una vivienda digna en la Ciudad de México se ha consagrado en su Constitución local y es así que desde hace varias administraciones se han puesto en marcha esfuerzos que contemplan beneficios o distinciones específicas que facilitan la construcción, desarrollo y promoción de vivienda accesible para los sectores de la población más vulnerables.
El año pasado la actual administración anunció que la industria de la construcción sería considerada un sector prioritario en la reactivación económica de la Ciudad, derivado de la pandemia por Covid-19, dando a conocer diversos proyectos que incluían 12 corredores Inmobiliarios.
Hasta ahí, la estrategia parece la correcta. El problema, como en muchos casos, es la falta de transparencia y claridad en la ejecución de dicho programa, ya que vecinas y vecinos de diferentes colonias consideradas en el mismo han encontrado de manera más frecuente predios con mantas de publicitaciones vecinales que anuncian la construcción de desarrollos inmobiliarios.
En su preocupación por entender el impacto de estas obras, han recurrido a consultar el Certificado Único de Zonificación expedido para tal efecto, encontrando en muchos supuestos que en el portal Web de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, no se expone en versión pública información actualizada que de claridad y certidumbre.
Cabe recordar que se plantea generar entre siete mil 500 y 10 mil de esas viviendas, en alcaldías como Cuauhtemoc, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo que ya empiezan a presentar problemáticas de servicios por la densidad de población con que cuentan.
De ahí, la importancia de llevar a cabo mesas de trabajo por zonas o corredores, a fin de exponer a la ciudadanía el alcance y los beneficios de cada uno de estos proyectos inmobiliarios, el impacto y en su caso posibles afectaciones que llegaran a tener y en su caso, las medidas de integración urbana que estén contempladas en cada uno de los proyectos.
La transparencia y el diálogo con las vecinas y vecinos es fundamental para brindar seguridad y certeza jurídica respecto de su patrimonio y así evitar que se sientan desplazados por estas construcciones derivadas del crecimiento y desarrollo urbano de la Ciudad.