La CRE a juicio penal
LUIS CARRILES
Es sabido que al inquilino de Palacio Nacional le tienen sin cuidado las suspensiones generales otorgadas por los jueces especializados Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza en los juicios de amparo presentados contra la modificación a la Ley de Hidrocarburos.
No le quitan el sueño las suspensiones generales que dejaron sin efecto los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica y al acuerdo de la Secretaría de Energía que cambió las reglas para la importación de hidrocarburos.
Esa aparente tranquilidad se debe a que, de facto, el espíritu de la contrarreforma energética es una realidad en México pues la Comisión Reguladora de Energía lleva más de dos años en los que, prácticamente, sesiona para otorgar los permisos recomendados por el Presidente, Rocío Nahle, Manuel Bartlett y Octavio Romero Oropeza.
¿Necesitas un permiso? Consigue su favor, su venía, su apoyo. En un cálculo conservador Leopoldo Melchi, presidente de la CRE y parte del equipo de Nahle; tiene más de tres mil 500 trámites pendientes de aprobación en materia de hidrocarburos. Desde permisos para terminales de almacenamiento marítimo, transporte por ducto o por ruedas hasta permisos para operar gasolineras o estaciones de GLP vehicular.
No importa la inversión que se puedan generar. Otro número importante de temas eléctricos de la IP también están en el abandono en la CRE, sobre todo aquellos que tienen que ver con renovables que, en definitiva, no le gustan a la 4T. La buena noticia es que habrá un vuelco pronto: los despachos de abogados en materia penal más influyentes son consultados por clientes que están deseosos de exigir a los servidores públicos de la CRE que cumplan con sus atribuciones, o lo que es lo mismo, que se pongan a trabajar, sesionen y abatan el rezago, para lo cual dicen estar dispuestos a interponer denuncias penales con base en dos artículos del Código Penal Federal.
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en algunas de las conductas siguientes.
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio que tenga la obligación de otorgarles o impida la prestación o el curso de una solicitud
Artículo 217.- Comete el delito de un ilícito de atribuciones y facultades:
I.bis.- El servidor público que a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio o del servicio público o de otra persona:
A) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen referencia, la presente fracción existiendo todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento o
B) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una concesión, permiso, asignación o contrato se haya abstenido de cumplir con dicha obligación.