Expropiaciones se aceleran en Palestina
Desalojan a más de mil ciudadanos en Cisjordania para crear un campo militar, en Jerusalén embargan a familias para tirar edificio
JERUSALÉN. Autoridades judiciales de Israel otorgaron un fallo que apruebó el desalojo "por razones militares" de más de mil ciudadanos palestinos en Cisjordania para instalar un campo militar de prácticas de tiro.
El caso de Masafer Yatta, o Zona de Tiro 918, un área agrícola cerca de Hebrón en la Cisjordania ocupada, ha sido una de las batallas legales más largas de Israel.
Los residentes de ocho aldeas recurrieron a los tribunales durante unos 20 años luchando contra los esfuerzos del gobierno israelí para desalojarlos.
A principios de la década de 1980, el ejército declaró el territorio de tres mil hectáreas (30 kilómetros cuadrados) una zona militar restringida y afirmó que estaba deshabitado.
Los aproximadamente mil palestinos que viven allí dijeron que era el hogar de su pueblo mucho antes de que los soldados israelíes pusieran un pie en Cisjordania, que el estado judío ocupa desde 1967.
EL FALLO judicial de Israel permitiría realizar una de las expulsiones más grandes de poblaciones palestinas desde 1967
LOS CERCA de mil palestinos desalojados coinciden que las tierras eran de su pueblo mucho antes de la llegada de Israel
El gobierno de Israel capturó ese territorio en la Guerra de los Seis Días y la zona de Cisjordania es ahora el hogar de más de 475 mil colonos israelíes, mismos que viven en comunidades que son consideradas ilegales.
La acción hizo eco en toda la Unión Europea e inmediatamente condenó la decisión de Israel de desalojar palestinos para crear zona militar.
"El establecimiento de una zona de tiro no puede ser considerado como un 'motivo militar imperativo' para trasladar a la población bajo ocupación", advirtió el portavoz del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.
En un comunicado, Borrell apuntó que "la expansión de los asentamientos, las demoliciones y los desalojos son ilegales según el derecho internacional".
Por ello, añadió, la Unión Europea "condena tales planes e insta a Israel a cesar las demoliciones y los desalojos, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos".
DESALOJO EN JERUSALÉN
Las autoridades israelíes destruyeron el edificio de una familia palestina en Jerusalén Este, dejando 35 personas sin hogar, lo que sería el último episodio hasta la fecha de las expulsiones en ese sector palestino de la ciudad bajo ocupación israelí.
"Empleados de la alcaldía llegaron a las 09:00 esta mañana. Forzaron la puerta y nos expulsaron sin dejarnos sacar nuestras pertenencias", declaró a la prensa Farès Rajabi, de 35 años.
Rajabi es uno de los residentes de este edificio de cinco apartamentos en el sensible barrio de Silwan, situado al lado de la Ciudad vieja y donde muchos colonos israelíes se instalaron en los últimos años.
Más tarde, fotógrafos de prensa constataron la destrucción del edificio de tres pisos de la familia Rajabi.
La Media Luna roja palestina registró cinco heridos en enfrentamientos entre la policía israelí y habitantes del barrio opuestos a la demolición.
En la parte oriental de Jerusalén, ocupada y anexada por Israel, centenares de familias palestinas presentes desde hace décadas están enfrentadas a órdenes de expulsión, especialmente en los barrios de Cheikh Jarrah y Silwan.
En mayo de 2021, manifestaciones de apoyo a familias amenazadas de expulsión en Cheikh Jarrah degeneraron en choques con colonos y la policía israelí, que anticiparon una oleada de violencia sangrienta en Israel y en Territorios palestinos.
La familia Rajabi pagó más de 100 mil dólares en los últimos años de multas y gastos para tratar de regularizar su situación pero sin éxito, declaró Farès Rajabi, que denuncia una expulsión "política".
Según la ONU, cerca de 40 construcciones fueron destruidas desde inicios del año en Jerusalén Este, causando el desplazamiento de unas cien personas, antes de los miembros de la familia Rajabi.
Aunque organizaciones de derechos humanos y entidades como Naciones Unidas y la Unión Europea alertaron que la medida va contra el derecho internacional, el veredicto judicial permitirá dar luz verde a la que podría ser una de las expulsiones más grandes de poblaciones palestinas desde 1967.