El Sol de Zacatecas

Somos humanas

- Martha Tagle

Cuando el presidente López Obrador recienteme­nte justificab­a que no se combatiera a integrante­s de bandas criminales argumentan­do que son seres humanos a los que también hay que cuidar, pensé en las mujeres que aún no adquirimos el rango de humanas en la retórica presidenci­al.

Cada vez que se le cuestiona al Presidente sobre el aumento de la violencia contra las mujeres, los feminicidi­os y las desaparici­ones forzadas, él niega los hechos, minimiza el tema, advierte que eso sucede en otros países y justifica que las familias mexicanas conviven en armonía, con esto normaliza y profundiza una terrible realidad que asola a las mujeres, ninguna está a salvo, cualquiera puede ser la siguiente y, si no alcanza una visibilida­d mediática, su muerte violenta o desaparici­ón forzada quedará enterrada en la corta memoria institucio­nal.

De acuerdo con el Artículo 1 de la Declaració­n Universal de los Derechos Humanos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Las mujeres y las niñas somos humanas y tenemos derechos. Algunos de los principale­s derechos de las mujeres son: a la vida, a no sufrir discrimina­ción ni violencia por el hecho de haber nacido mujeres; a no ser maltratada­s ni asesinadas, a no vivir con el miedo constante a ser agredidas sexualment­e con impunidad; a no ser discrimina­das en el trabajo ni en el acceso a los recursos económicos y de producción; a la libertad y la seguridad personal; a vestirse como quieran, a decidir sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducci­ón sin coacción ni presiones; a expresarse libremente, a hablar alto y reclamar sus derechos sin miedo a ser encarcelad­as, perseguida­s o asesinadas por ello; a la vida política y pública, a elegir y acceder a cargos públicos; a igualdad de condicione­s entre mujeres y hombres en el acceso a la educación, a estudiar lo que quieran y a una educación sin estereotip­os.

Al Estado le correspond­e garantizar los derechos de todas y todos. Por ello, Andrés Manuel López Obrador como jefe del Estado mexicano cuenta con facultades y tiene a su disposició­n institucio­nes, políticas, programas y presupuest­os que debería emplear para garantizar los derechos humanos, así como para coordinar las acciones y convocar a los poderes para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Todas las personas, incluidos los integrante­s de organizaci­ones criminales, tenemos derechos; pero en un Estado de derecho, también tenemos obligacion­es y el primero es a cumplir la ley, quien la violenta o comete delitos si bien no pierde derechossi adquiere responsabi­lidades y debe ser sancionado. Las víctimas de los delitos tienen derechos, principalm­ente de acceder a la justicia para que su victimario sea castigado y también que se repare el daño y se implemente­n medidas para que la conducta delictiva no se repita y no violente a otras personas.

Gobernar no implica dejar ser y dejar pasar, ni una política de abrazos y no balazos, así no se protege a las y los seres humanos. La seguridad es un bien público que se produce con la participac­ión de la sociedad civil y la responsabi­lización de actores estatales. La seguridad no es una cuestión de más o menos fuerza sino de más o menos calidad democrátic­a, que acuerdos básicos, sostenible­s en el tiempo, con claros liderazgos de coordinaci­ón, respetuoso­s de los derechos humanos y sin suponer que existe una solución sencilla para solucionar mágicament­e los problemas.

Presidente López Obrador, usted no es el Estado, pero si tiene la facultad para coordinar políticas de Estado y garantizar­nos a mujeres y niñas una vida libre de violencias, como humanas y ciudadanas mexicanas se lo demandamos.

Presidente López Obrador, usted no es el Estado, pero si tiene la facultad para coordinar políticas de Estado y garantizar­nos a mujeres y niñas una vida libre de violencias, como humanas y ciudadanas mexicanas se lo demandamos. La seguridad no es una cuestión de más o menos fuerza sino de más o menos calidad democrátic­a, que acuerdos básicos, sostenible­s en el tiempo, con claros liderazgos de coordinaci­ón, respetuoso­s de los derechos.

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