Congelado, fondo de apoyo para desplazados en Sinaloa
Hasta junio, no se había ejercido ni un sólo peso de los 60 millones aprobados por el Congreso del estado para ayudar a las familias
MAZATLÁN. Litzy Adriana murió el día en que cumplió 17 años de edad. Aquel 1 de mayo fue la fecha en que perdió la batalla contra un cáncer de piel que padecía y que pudo ser tratado, pero nunca llegaron los apoyos gubernamentales que le prometieron. Falleció en la pequeña choza de madera y pedazos de lámina construida por sus padres en el predio contiguo al fraccionamiento Cvive, a las afueras de Mazatlán.
En 2017, la adolescente y su familia abandonaron su hogar ubicado en la sierra de Concordia debido a la violencia generada por el narcotráfico.
Desde entonces comenzaron a buscar un lugar para vivir; primero se acomodaron en un predio comprado por la administración de Quirino Ordaz Coppel, en el que se construirían casas para familias desplazadas por la violencia.
Frente a la lentitud del programa de construcción de vivienda para las víctimas del desplazamiento forzado, la familia de Litzy Adriana levantó una pequeña casa en condiciones precarias, donde murió hace tres meses ante la indolencia oficial y el discurso del gobernador
Rubén Rocha Moya, quien prometió que su administración velaría por los afectados.
Los padres de Litzy Adriana cuentan que, en campaña, Rocha Moya los visitó y se tomó la foto con ellos, pero después no regresó nadie a apoyarlos con el tratamiento del melanoma avanzado que le habían diagnosticado a su hija.
Hoy, a poco más de tres meses de la muerte de Lizty, su familia acusa que María Inés Pérez Corral, secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), ha implementado una “política de entregar despensas en favor de Morena”, pero no de resolver necesidades básicas pese a que, aseguran, está autorizado el presupuesto para 2022.
NO HAY CENSO
MIL 501 FAMILIAS
En campaña, Rocha Moya prometió apoyar a las familias de personas desaparecidas y a desplazados. Con ellos se reunió el 2 de noviembre, en el segundo día de su mandato. El Congreso aumentó de 40 a 60 millones el fondo de apoyo para las familias, pero hasta el reporte del 30 de junio pasado no se había ejercido ni un solo centavo de ese presupuesto. Documentos obtenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, tanto de la SEBIDES como en la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa, indican que el recurso sigue sin aplicarse pese a la urgencia de las familias.
“En el presente periodo (de enero al 30 de junio de 2022), la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable no ha ejercido el recurso, ni se ha administrado por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas a la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, motivo por el cual no hay participantes/ beneficiarios, ni montos otorgados a los beneficiarios”, se lee en la información proporcionada por SEBIDES.
No ejercer el fondo de apoyo es un problema que también tuvo la administración de Quirino Ordaz Coppel, aunque en su último año (2021) consiguió entregar casas de interés social en Mazatlán (fraccionamiento Cvive), en Choix y lotes sin edificar en Guamúchil.
En cambio, con Rocha la SEBIDES pidió a la Universidad Autónoma de Occidente un censo “para identificar a una persona en situación de desplazamiento forzado”, pero en un rastreo de las bases de datos de transparencia, no se localizó más que un documento Excel vacío.
Los números han variado. Por ejemplo, en 2021 se difundió un censo por parte de la Secretaría de Desarrollo Social en donde Sinaloa tenía registradas dos mil 501 familias que perdieron su hogar, sobre todo en la sierra; con esa cifra trabajó la administración de Quirino.
En 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contabilizó en su Recomendación 39/2017 un total de dos mil 38 víctimas de este delito provenientes de municipios de Choix y Sinaloa de Leyva, aunque no incluyó Badiraguato, Concordia ni Rosario.
Otro reporte de la CNDH habla de que la cifra de 2012 a 2017 ascendía a cuatro mil 714 personas en situación de desplazamiento. Las ONG como la Comisión de Defensa de Derechos Humanos que encabeza Óscar Loza Ochoa, señala que, en el lapso de una década, más de 34 mil personas han sufrido desplazamiento forzado.
SUPERMÁN CONTRAATACA
El 18 de junio pasado familias desplazadas protestaron en Mazatlán, lo que orilló al gobernador a pedirles que se tranquilizaran y a confiar en él. Entonces soltó la frase: “Mis queridos desplazados, no somos Supermán”.
Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, representante del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS), considera que si Quirino les quedó a deber, la administración de Rocha también se ha visto envuelta en dilaciones.
“En la administración fueron adquiridos terrenos por Quirino Ordaz, sin embargo, al llegar Rocha, se le solicitó la compra de un terreno extra de seis hectáreas para incluir a 300 familias más, pues en total en la zona sur hay alrededor de mil 500 víctimas, pero este terreno no ha sido adquirido aún”, dice.
Por su parte, el gobernador aseguró en junio pasado que sí se compró el predio con 99 lotes.
Gutiérrez Sánchez explica que en los terrenos ya existentes cuentan con servicios como agua potable y drenaje. “El Gobierno del Estado debe atender los servicios existentes como son educación, salud y alimentación, y no lo ha hecho hasta ahora, hay una cuenta pendiente”.
De Mazatlán a Culiacán, Guamúchil o Guasave, madres y padres de familia desplazados se vieron obligados a construir casas de cartón y hule. En un recorrido realizado por El Sol de Sinaloa por las viviendas ubicadas en Juntas de Humaya, algunos desplazados indicaron que desconocen si se han gestionado apoyos, pues a ellos no les ha llegado ninguno.
En campaña, el gobernador Rubén Rocha prometió apoyar a las familias de personas desaparecidas y a desplazados
sus propias casas