Olga Sánchez Cordero dice que el derecho penal debe contemplar los contenidos que amenazan la dignidad, integridad y seguridad
CDMX. “Los deepfakes y la inteligencia artificial han demostrado ser más dañinos que benéficos para las personas, por lo que el derecho penal debe contemplar estas nuevas tecnologías que amenazan la dignidad, integridad, seguridad y el sano desarrollo de las personas”, señaló la senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, quien propuso penas de seis a ocho años de cárcel para quienes hagan mal uso de estas herramientas.
La iniciativa de la senadora morenista señala que se castigará con cárcel a quien altere digitalmente fotografías o videos de alguna persona (deepfake) con el fin de hacerlos pasar por verdaderos.
“¿Qué quiere decir deepfake? Es un video, una imagen o un audio generado que imita la apariencia y el sonido de una persona. También llamados medios sintéticos, son tan convincentes a la hora de imitar lo real que pueden engañar tanto a las personas como a los algoritmos”.
El proyecto de la senadora Sánchez Cordero adiciona el Capítulo VII Bis al Título Octavo y reforma el artículo 200 del Código Penal Federal con el fin de regular las nuevas tecnologías utilizadas para generar contenidos con fines lascivos con víctimas reales o generadas.
Las penas propuestas aumentarán hasta los 12 años de cárcel si las imágenes o videos generados por IA representan a menores de 18 años o a personas que no tengan capacidad para comprender en actos sexuales o contenidos pornográficos.
“Así también, para quien represente, dibuje, exponga, ilustre o utilice fotografías de los órganos sexuales de un niño, niña o adolescente, con fines lascivos. Para quien muestre este tipo de contenido con fines de corromper a personas menores de edad”, cita la iniciativa.
La reforma fue turnada a las comisio
morenista presentó la iniciativa de reforma en el Senado de la República nes unidas de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado para su discusión y si se aprueba será votada en el pleno.
Sobre la Ley Ingrid, aprobada el martes por el pleno del Senado, Sánchez Cordero explicó que no afecta a periodistas ni a youtubers.
La Ley Ingrid, castiga a funcionarios públicos que filtren o publiquen fotografías o imágenes de víctimas, principalmente de mujeres y menores de edad.
“Los destinatarios de esta norma no son los periodistas, no son los youtubers, no es la población en general; los destinatarios de esta norma son los servidores públicos. En el Código Penal, está (la norma) en el capítulo de servidores públicos y de delitos cometidos contra la administración de justicia”, dijo.
Los sujetos que podían ser sancionados por esta norma, aclaró la senadora, son policías, médicos legistas y peritos.
Justificó la confusión sobre los alcances de la Ley Ingrid debido a que el martes se discutieron y aprobaron varios dictámenes en el Senado, sin embargo reiteró que ni la prensa, ni los youtubers, redes sociales o personas en general serán sancionados bajo esta norma, sólo “quienes tenían la responsabilidad de conservar y preservar la secrecía de una investigación”.
CDMX. El Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechazó ayer que a partir de sus estudios se pueda aseverar que dos cuerpos disecados, mostrados el martes por el investigador del fenómeno OVNI Jaime Maussan en el Congreso mexicano como “seres no humanos”, pertenezcan a extraterrestres, como afirmó el experto.
El martes, durante el foro Regulación de los Fenómenos Anómalos No Identificados, en la Cámara de Diputados, dos cuerpos fueron presentados como prueba de vida extraterrestre en el universo durante la primera audiencia pública en México que busca una posible legislación de los fenómenos aéreos anómalos no identificados, mejor conocidos como objetos voladores no identificados (OVNI).
Durante su exposición, Jaime Maussan presumió que los dos cuerpos encontrados en Perú tenían más de mil años, de acuerdo con una investigación realizada por el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas con Aceleradores (LEMA) de la UNAM.
Según Maussan, la institución que determinó, mediante análisis de carbono 14, que los cuerpos se mantuvieron sepultados por un milenio dentro de una diatomea —un tipo de alga que no permite el crecimiento de bacterias ni hongos— lo que posibilitó su preservación.
Sin embargo, el LEMA aclaró ayer en un comunicado que los trabajos de datación por carbono 14 en ese laboratorio “únicamente están destinados a determinar la antigüedad de la muestra que trae cada usuario y en ningún caso hacemos conclusiones sobre el origen de dichas muestras”.
El LEMA
indicó que no realiza ningún tipo de muestreo ni entra en contacto con la fuente original de la muestra "in situ"