Creación de cárceles de máxima seguridad
En 1965, se registró la primera Reforma al artículo 18 Constitucional vigente desde la Constitución de 1917, para consignar que el propósito del Sistema Penitenciario Mexicano es la Readaptación Social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, Además, estableció que las mujeres debían compurgar sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, y en cuanto a los menores infractores dispuso el establecimiento de instituciones especiales.
La consecuencia material de dicha reforma fue el programa de construcción penitenciaria, que contempló la construcción de centros de reclusión en el Distrito Federal, Michoacán, Durango, Culiacán, Sonora, Aguascalientes, Villahermosa, Pachuca, Tehuantepec, Sinaloa, La Paz, Chetumal, Saltillo, así como el desarrollo de nuevas obras en la colonia federal de Islas Marías.
La prisión federal es aquella que depende exclusivamente del control de la Federación. En nuestro país, el artículo primero del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en agosto de 1991, reguló por primera vez el establecimiento de los centros federales en el país.
A finales del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, las prisiones mexicanas sufrían un gran deterioro, en la mayoría de ellas había sobrepoblación, auto gobierno, corrupción, falta de personal, directivos improvisados, privilegios inconcebibles para internos con poder económico, fugas, excesiva violencia y aparición de la delincuencia organizada dedicada al narcotráfico, originando un incremento de delitos federales. Esto hizo que en México, la idea de una prisión de máxima seguridad surgiera en 1987, a partir de las acciones del Programa Nacional de Prevención del delito (1985-1988) su fin era hacer cumplir las penas privativas de libertad e internos considerados de alta peligrosidad en un régimen de máxima seguridad y apego a la legislación vigente, tener una reclusión preventiva con las mismas características a personas sujetas a procesos judiciales acusadas de delitos considerados graves y con un alto perfil criminológico.
Por lo anterior, con la creación de dicho plan se derivó la construcción de módulos de alta seguridad dentro de los diferentes reclusorios del país. El presidente De la Madrid aprobó (1988) la creación de los Centros Federales de Readaptación Social con el Plan Nacional de Prevención Nacional del Delito, se organizó el sistema nacional penitenciario a través de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social; que en apoyo con los gobiernos de los estados a través de las Direcciones de Prevención y Readaptación Social, suscribieron convenios de colaboración, en materia de ejecución y tratamiento de las sanciones impuestas por las autoridades judiciales a la población interna del fuero federal y en materia de tratamiento de los menores.
Aprobado el proyecto en 1988, Miguel de la Madrid decide materializarlo con la creación de los centros federales, y solicita a los gobiernos de los estados su ayuda y la donación de los terrenos correspondientes.
El estado de México entrega 15 hectáreas, en el municipio de Almoloya de Juárez, a diez kilómetros del Centro de Readaptación Social Estatal;
El gobierno de Jalisco dona unos terrenos aledaños al complejo penitenciario de Puente Grande; este proyecto se concluyó basta la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari.
En 1991 se inaugura y entra en funciones el primer centro penitenciario de máxima seguridad, en Almoloya de Juárez, estado de México, al que, según planes de la secretaría de Gobernación, deberían seguir cinco penales más en los estados de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y Veracruz.