Emilio Buendía
El INE está organizando el proceso electoral más grande de nuestra democracia. Las cifras dan cuenta de dicho calificativo: a) 3 mil 406 cargos en disputa a nivel federal y local, b) el mayor número de casillas a instalar (cerca de 157 mil) y c) se necesitan 1. 4 millones de personas capacitadas para la integración de las casillas (hoy el INE cuenta con más de 2.7 millones dispuestos para ello).
También la autoridad electoral ha señalado que para esta elección tendrán derecho a ejercer su voto de manera libre más de 89.3 millones de mexicanas y mexicanos. Nunca en la historia del país se ha convocado a tantas personas para el ejercicio del voto. Dichas cifras implican que las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, deben enfocar sus atribuciones a garantizar que la contienda electoral se desarrolle en condiciones de equidad y de legalidad. Hay que decirlo con claridad. La competencia por el poder político no puede estar exenta a la supervisión sobre el cumplimiento de las reglas. El INE cumple con esa función y a lo largo del proceso electoral ha tomado diversas decisiones que reflejan el compromiso institucional en esta materia: No a las ventajas indebidas entre participantes. Como ejemplo de ello, basta recordar decisiones como cancha pareja, criterios sobre el artículo 134 de la Constitución, prohibición al uso electorero de programas sociales, así como la reforma al reglamento de fiscalización sobre la prohibición del reparto de tarjetas que ofrezcan beneficios en caso de triunfo. Además, hay que señalar que la función de vigilancia no es privativa de las autoridades electorales y de los actores políticos. También la ciudadanía cuenta con el derecho a participar en los comicios a través de la observación electoral y con ello vigilar cómo se desarrollan las elecciones. En aras de garantizar el derecho a la observación de cualquier actividad del proceso electoral, desde hace unos meses el INE aprobó las convocatorias para que la ciudadanía participe a nivel federal como local. Los requisitos de participación se encuentran en la propia ley y la autoridad ha fijado como fecha límite para presentar la solicitud de acreditación como observador electoral el 31 de mayo de 2018. Es importante mencionar que dicho derecho no se encuentra limitado a un plano individual. De hecho, el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) han destinado recursos para crear el fondo de apoyo para la observación electoral, el cual es administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su objetivo es implementar un mecanismo de apoyo técnico y financiero dirigido a las organizaciones de la sociedad civil que realicen observación electoral. Dado que dichas organizaciones pueden realizar vigilancia de actividades relacionadas con el desarrollo del proceso, de la propia jornada electoral y de los actos posteriores a ella, los resultados serán presentados ante medios de comunicación y a la sociedad del 9 al 20 de julio de 2018, o bien, con posterioridad a que el TEPJF se pronuncie sobre la validez de la elección presidencial. Adicionalmente a dichas medidas que fortalecen la observancia del proceso electoral, existen organizaciones internacionales
La ciudadanía cuenta con el derecho a participar a través de la observación y vigilar cómo se desarrollan las elecciones.
que ya han manifestado su interés de participar. A modo de ejemplo tenemos a la Organización de los Estados Americanos (OEA), IDEA Internacional y a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE), que realizarán misiones de observación electoral en nuestro país para los comicios de este año. Lo anterior es una muestra de las actividades que el INE promueve y realiza para que la ciudadanía y actores ajenos a los partidos políticos, nacionales e internacionales, verifiquen si el proceso electoral se desarrolla con estricto apego a la legalidad. Ello en modo alguno releva la obligación que tienen las autoridades electorales de construir condiciones que garanticen el voto libre de la ciudadanía. Sin embargo, ante la arraigada creencia popular de tolerancia de conductas ilegales e incluso fraudulentas, la mejor respuesta institucional que se puede ofrecer es promover y garantizar la participación de terceros en la vigilancia del proceso electoral. Muchas veces escuchamos que en la democracia mexicana las elecciones son organizadas por autoridades electorales pero realizadas y escrutadas por la ciudadanía. Nadie puede negar que en la mampara el 1 de julio ejerceremos conforme a nuestra voluntad el derecho al voto. También sabemos que nuestros vecinos son los que reciben y cuentan los sufragios. En síntesis, en las elecciones de nuestro país la sociedad puede participar en las casillas, mediante el voto para decidir sobre la representación popular y a través de la observación electoral para atestiguar que éste se ejerce de manera libre. Para esto último, todavía hay tiempo para inscribirse.