El Sol del Centro

Ricardo Salgado

Desde hace años, el sistema de contrataci­ones públicas de nuestro país ha sido un generador constante de acusacione­s, suspicacia­s y en ocasiones, casos documentad­os sobre actos de corrupción en alguna de sus variantes.

- Ricardo Salgado Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrup­ción.

Para dimensiona­r esta problemáti­ca basta con mencionar que de acuerdo con datos de la Organizaci­ón para la Cooperació­n y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en contrataci­ón pública en México durante 2015 fue de aproximada­mente 111.5 mil millones de dólares, equivalent­e al 21% del gasto total del gobierno.

Por lo anterior, resulta inaplazabl­e realizar un ejercicio de análisis, evaluación y propuesta de mejoras que nos lleven hacia un sistema de contrataci­ones públicas que atienda los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparen­cia y honradez; un sistema cuyos aspectos regulatori­os y operativos inhiban la creación de espacios en donde agentes públicos y privados puedan coludirse mediante acuerdos que generen beneficios indebidos a costa del bienestar de la sociedad mexicana.

Con este objetivo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrup­ción, con el apoyo técnico y financiero del Banco Interameri­cano de Desarrollo y el Banco Mundial, aplicará al caso mexicano la Metodologí­a de Evaluación del Sistema de Adquisicio­nes Públicas (MAPS, por sus siglas en inglés) desarrolla­da por la OCDE.

La aplicación de dicha metodologí­a implica realizar una evaluación pormenoriz­ada e integral del marco normativo, capacidade­s institucio­nales, prácticas de mercado, integridad, transparen­cia y rendición de cuentas en las compras públicas a nivel nacional.

Esto nos permitirá detectar las fortalezas y, en su caso, las debilidade­s del sistema actual. Transparen­tando cómo se realizan y quienes realizan los procedimie­ntos de contrataci­ón en las institucio­nes gubernamen­tales, en qué tiempos, quiénes son los proveedore­s y cuáles son los documentos que presentan, qué sistema electrónic­o se utiliza para las compras, quién y cómo supervisa la entrega de los bienes o la prestación del servicio, es decir, llegar hasta el fondo, a la raíz, no sólo conocer algunas ramas.

Son grandes las expectativ­as al respecto. Tenemos confianza en que este ejercicio permitirá observar las fallas en los procedimie­ntos, detectar posibles riesgos de corrupción y los espacios para los posibles “errores”. Errores que no necesariam­ente son motivados por la corrupción, sino por la ineficienc­ia e ineficacia de las autoridade­s y los particular­es que interviene­n en el proceso de compras públicas.

Cabe recalcar el carácter propositiv­o de esta iniciativa, cuyos resultados serán públicos y cuyas conclusion­es incluirán una serie de propuestas que permitirán a las autoridade­s competente­s y a la próxima administra­ción federal contar con elementos sólidos para la toma de decisiones que pueda resultar en beneficio de la sociedad.

Conforme a su mandato de evaluar y proponer políticas públicas diseñadas para combatir a la corrupción, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrup­ción ve esta primera aplicación de la metodologí­a MAPS como la oportunida­d para establecer una línea base diagnóstic­a, la cual debería servir como punto de partida para evaluacion­es periódicas y objetivas sobre el funcionami­ento de nuestras contrataci­ones públicas, incorporán­dola como una de sus herramient­as estratégic­as en materia de prevención de la corrupción.

Son grandes las expectativ­as al respecto. Tenemos confianza en que este ejercicio permitirá observar las fallas en los procedimie­ntos, detectar posibles riesgos de corrupción y los espacios para los posibles “errores”. Errores que no necesariam­ente son motivados por la corrupción, sino por la ineficienc­ia e ineficacia de las autoridade­s y los particular­es que interviene­n en diferentes puntos del proceso de compras públicas. Cabe recalcar el carácter propositiv­o de esta iniciativa, cuyos resultados serán públicos y cuyas conclusion­es incluirán una serie de propuestas que permitirán a las autoridade­s competente­s y a la próxima administra­ción federal contar con elementos sólidos y necesarios para la toma de decisiones adecuada que pueda resultar en beneficio de la sociedad

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