Vuelta al monopolio: todos pierden
Con la
eliminación anticipada de la regulación asimétrica que impide a Pemex ejercer su poder preponderante en el mercado de hidrocarburos, aprobada la semana pasada en el Congreso, avanza la intención de forzar una regresión monopólica. De surtir efectos, será sumamente perjudicial —tarde o temprano— para los consumidores, personas y empresas. Desde ahora se envía otro mensaje nefasto para la inversión: más señales de precariedad jurídica y una arbitrariedad política que enrarecen y llenan de incertidumbre el clima de negocios en México.
Lo que está por verse es si esta nueva disposición y la contrarreforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada unos días atrás, pasan la aduana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta donde deben llegar los amparos que se interpongan, además de las controversias constitucionales. Al igual que la reforma eléctrica, afortunadamente detenida por ahora, adolece de claros visos de inconstitucionalidad.
Como en muchos otros asuntos torales, lo mismo en el campo energético que en el económico o para garantías fundamentales del ciudadano, estamos ante el desafío de que prevalezca la independencia del Poder Judicial para la defensa oportuna de la Constitución y principios de legalidad.
En el caso de la contrarreforma en hidrocarburos, además, de prosperar, será combatida por la vía de los tratados de libre comercio, con altísima probabilidad de que pierda el Estado mexicano. Se violenta el principio de no retroactividad, al implantar causales de revocación que no existían cuando se otorgaron los permisos de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.
Más aún, las autoridades podrán suspender y cancelar esos permisos bajo criterios de enorme discrecionalidad, como percibir "peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional". Además, intervenir las empresas permisionarias para
que Pemex ocupe sus instalaciones, lo cual se asemeja mucho a la expropiación arbitraria. Así, quedan expuestas a riesgo de confiscación más de mil 600 empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron sus permisos con plazos de 30 años.
Incluso, la Comisión Federal de Competencia, como autoridad constitucional en su terreno, podría investigar por abuso de dominancia e imponer medidas antimonopólicas a Pemex, a pesar de la derogación de la regulación asimétrica.
En esta sinrazón nadie gana, ni siquiera el intento de instaurar un proyecto anacrónico y regresivo que tiene más de obcecación ideológica que de realismo y visión energética.
La regulación asimétrica de Pemex se sustenta en transitorios de la reforma energética del 2014 para acotar la discrecionalidad de la empresa en ventas de primera mano y comercialización de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos.
Lo que se buscó fue evitar que se inhibiera o bloqueara la entrada de nuevos jugadores y el desarrollo del mercado con eventuales acciones anticompetitivas del agente predominante, por ejemplo, contratos alevosos, condicionamientos, descuentos discriminatorios o negación de información.
Ahora se pretende exactamente lo contrario: manga ancha al preponderante, con daño o riesgo de las empresas que hicieron muy importantes inversiones conforme a un marco jurídico y de negocio que ahora se cambia, como si nada. A pesar