Radicalización frente a la migración
Uno de los temas que permeó y sigue permeando en las campañas y los periodos electorales en Estados Unidos es el de la migración de personas de diversos países, particularmente de América Latina, hacia la Unión Americana.
En tal sentido, diferentes personajes del Partido Republicano convirtieron el fenómeno de la migración indocumentada en un asunto políticamente redituable, en cuanto a votos y cargos públicos, lo cual fue posible mediante una narrativa que atribuye a personas migrantes, entre ellas de México, el origen de múltiples males, como el supuesto peligro que éstas representan para la seguridad nacional o para la seguridad de algunos de sus estados fronterizos, y el incremento de fentanilo en territorio estadounidense.
La invocación en particular de la seguridad nacional o de la seguridad estatal fronteriza por parte de diversos políticos republicanos ha servido para justificar medidas antiinmigrantes, como la separación de familias en la frontera, el programa Quédate en México, o la aplicación del Título 42, un decreto de salud pública establecido durante la pandemia, que permite a las autoridades migratorias estadounidenses expulsar migrantes por motivos sanitarios, sin que puedan solicitar asilo.
Una de estas victorias republicanas en los escrutinios del 8 de noviembre pasado fue la reelección del gobernador de Texas, Greg Abbott, gracias al impacto que tuvo su narrativa —más bien xenófoba— y a las medidas implementadas por su gobierno, como el envío de migrantes desde ese estado federado a ciudades regidas por alcaldes demócratas (como Nueva York o Washington), para evitar su permanencia en Texas y para que corresponda a la administración del presidente Joe Biden atender sus necesidades, o incluso la autorización a las fuerzas de seguridad texanas para la aprehensión y detención de personas migrantes, con el objetivo de dejarlas en los puertos de entrada fronterizos con México.
En la perspectiva de su nueva gestión, Greg Abbott anunció más medidas frente a la migración indocumentada, entre ellas, el envío de la Guardia Nacional de Texas a la frontera; que el Departamento de Seguridad Pública del estado arreste y regrese a la frontera con México a las y los inmigrantes que la atraviesan ilegalmente, así como su detención por actividades criminales; continuar la construcción de un muro a lo largo de varios condados de la frontera; el despliegue de lanchas cañoneras en el río Bravo; buscar la firma de memorandos de entendimiento entre Texas y los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, para mejorar las medidas de seguridad fronteriza, e incluso la invocación de la “Cláusula de Invasión” de la Constitución de Estados Unidos, a fin de garantizar la seguridad en la frontera.
El artículo IV, Sección 4, de la Carta Magna de la Unión Americana señala claramente que “Los Estados Unidos [es decir, la Federación] garantizarán a todo Estado comprendido en esta Unión una forma republicana de gobierno y protegerán a cada uno en contra de invasiones […]”. Esto significa que los estados federados no tienen el poder de utilizar la “Clausula de Invasión” para que la Federación los proteja. Además, en 2012, la Corte Suprema de aquel país estableció que el manejo en materia de migración es competencia exclusiva del Gobierno federal.
Las autoridades mexicanas han respondido firmemente, una vez más, ante estas medidas anunciadas por el gobernador Abbott, señalando que en Estados Unidos la aplicación de las leyes migratorias, el control de la frontera y la negociación de acuerdos internacionales son facultades privativas del Gobierno federal, por lo que el diálogo bilateral en esas materias se lleva cabo únicamente a ese nivel.
Asimismo, el Gobierno de México reiteró su compromiso con las personas migrantes y sus derechos, sin olvidar los esfuerzos para lograr una migración más ordenada, segura y humana.