Protocolos: claves para fortalecer a policías locales Las policías
locales en México tienen numerosos retos en distintos niveles y áreas para mejorar su operatividad, algunas son responsabilidad directa de las instituciones y otras son consecuencia de decisiones políticas tomadas en altos niveles.
Tal es el caso de la ausencia de protocolos de actuación nacionales y específicos para los contextos locales, que dejan en el desamparo, en primer lugar a los cuerpos policiales al no contar con un marco de acción claro y definido y, en segundo lugar a los ciudadanos, al no proveer herramientas para la exigibilidad y rendición de cuentas. Esto permite ambigüedades que suelen jugar a favor de las instituciones y en detrimento del policía, del ciudadano y de los controles democráticos, en general.
En el caso del uso de la fuerza, tema clave en la labor policial cotidiana, la Ley Nacional se publicó hasta el 2019, como parte del paquete de leyes que acompañaron a la Ley de la Guardia Nacional. Hasta entonces, salvo contadas legislaciones y lineamientos locales, no quedaba claro para los cuerpos policiales o los ciudadanos cuál es el nivel del uso de la fuerza correspondiente a cada nivel de resistencia, si son permitidos los disparos de advertencia, el uso de qué tipo de armas son permisibles bajo qué circunstancias, en qué acciones se traduce respetar los derechos humanos de las personas detenidas, entre otros. Incluso con la Ley Nacional de Uso de la Fuerza y con el protocolo que la acompaña (publicado en 2021), permanecen una serie de vacíos procedimentales, operativos, regulatorios, de conocimiento sobre estándares nacionales e internacionales, y mejores prácticas que, en el mejor de los casos, se llenan con cursos o capacitaciones externas. Estos lineamientos no se encuentran por escrito y, de estarlo, no son de carácter público.
Los vacíos mencionados incluyen protocolos de facilitación de manifestaciones, atención a grupos vulnerables, capacitaciones efectivas en derechos humanos, procedimientos de detenciones para distintas poblaciones en aras de respetar sus derechos, por mencionar algunos.
Hay pocos documentos de este tipo en el nivel local que complementen lo establecido en la legislación nacional y, en ocasiones existen, pero no se ha capacitado a los cuerpos policiales sobre sus contenidos, y mucho menos llevado a cabo ejercicios prácticos para su implementación. Frecuentemente, tampoco cuentan con el equipo adecuado para utilizar niveles de uso de la fuerza intermedios o llevar a cabo actividades como facilitación de manifestaciones sin ponerse ellos o a las personas manifestantes en riesgo.
A raíz de fenómenos como la oleada de protestas de mujeres desde 2018, ha sido cada vez más frecuente el desarrollo de este tipo de protocolos de actuación, aunque no siempre se publiquen. Las observaciones y recomendaciones de la CNDH, comisiones estatales de derechos humanos, organizaciones y organismos internacionales (como al CIDH) han presionado a los gobiernos locales a desarrollar este tipo de documentos, respondiendo a vacíos cada vez más evidentes.
En este sentido, vale la pena retomar el caso del Estado de México y su Secretaría de Seguridad, que recientemente publicó una serie de protocolos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género (en 2022 e inicios de 2023), que si bien son perfectibles, establecen procedimientos más claros para el uso de la fuerza, la facilitación de manifestaciones y, específicamente, manifestaciones de mujeres, las detenciones –incluyendo el trato diferenciado para poblaciones vulnerables–, la cadena de custodia, entre otros.
Este tipo de prácticas, plasmadas en documentos públicos, son necesarias para fortalecer la seguridad a nivel local, clave para garantizar el ejercicio cotidiano de derechos ciudadanos y para respaldar la actuación policial. Los resultados positivos de las policías locales son el mejor argumento a favor de una seguridad ciudadana de carácter civil.
Este y otros temas de seguridad y derechos humanos en el ámbito estatal y local se abordan en el Atlas de la Seguridad del Estado de México 2022, que se presentará el próximo 27 de febrero en El Colegio de México.
pena retomar el caso del Estado de México y su Secretaría de Seguridad, que recientemente publicó una serie de protocolos con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género (en 2022 e inicios de 2023), que si bien son perfectibles, establecen procedimientos más claros para el uso de la fuerza, la facilitación de manifestaciones y, específicamente, manifestaciones de mujeres, las detenciones –incluyendo el trato diferenciado para poblaciones vulnerables–, la cadena de custodia, entre otros.
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