A levantar la voz para defender al INE

Tiene razón el politólogo Jesús Silva Herzog Márquez: en México estamos, aquí y ahora, en medio de una coyuntura decisiva para la vigencia de nuestra democracia. En efecto, el Instituto Nacional Electoral puede quedar nulificado como institución independ

Está en lo correcto en que, junto con la suerte del INE, en este trance se decide buena parte del futuro político del país. Con el llamado “Plan B” de reforma electoral del Gobierno federal y un proceso manipulado de designación de nuevos consejeros electorales, donde el bloque legislativo mayoritario parece empeñado a imponer a candidatos afines o a debilitar al Consejo General del INE, nuestra democracia puede acabar, en cosa de meses, con un árbitro electoral muy debilitado y privado de instrumentos efectivos para hacer su trabajo.

Estas enmiendas legislativas, de pasar, nos llevarían, seguramente, a un escenario político de gobiernos involucrados en los procesos electorales: sin contenciones y en una posición de ventaja para retener el poder que nos regresaría a los tiempos del presidencialismo y el partido hegemónicos de hace tres décadas.

Más aún, como dice el analista político citado, el riesgo no se limita a la institución electoral, pilar de la democracia. De tener éxito, la imposición de este “Plan B” estaría sentando el precedente de que no es necesario cambiar la Constitución para satisfacer los deseos y/o los intereses de un gobierno, un gobernante o una mayoría en turno, es decir, en todos los casos, temporales.

Una mayoría simple bastaría para obviar lo que dicte la Carta Magna en cualquier asunto, y así, para destruir o desvirtuar, de forma arbitraria, instituciones y principios de legalidad que resguardan las libertades y los derechos ciudadanos.

En estas horas clave, es fundamental

el papel de tres actores: Los partidos de oposición, dado que el grueso de los integrantes de la fracción política mayoritaria en el Congreso ha demostrado que actúa bajo directrices del Ejecutivo Federal, más allá de cuáles puedan ser sus convicciones y también de sus obligaciones como representantes populares y de un poder independiente.

Hay que recordar lo que trascendió hace poco, respecto a lo que se les ha pedido: destazar al INE. Ese es el nivel de la política mexicana hoy día; también, el de la amenaza a la democracia. Tras aprobar el “Plan B”, ahora van contra el Tribunal Electoral. Por eso, gobernantes, legisladores y dirigentes de la oposición deben usar todos los recursos legales y políticos a su alcance para salvar a las instituciones de la democracia.

Los ciudadanos, que podemos ejercer presión, como lo hicimos en la marcha del 13 de noviembre pasado contra una reforma constitucional que, de prosperar, desfiguraría irremediablemente al INE con cambios como el que los consejeros electorales fuesen electos por voto popular, como si fuesen políticos en campaña.

Nuevamente, la ciudadanía, con la sociedad civil organizada, debe asumir un papel de protagonista: no quedar como espectadora de lo que hagan o dejen de hacer los políticos.

Otra vez, toca manifestarnos, no en contra ni a favor de algún partido o del gobierno, sino, simplemente, para defender a la democracia. Para que no se nos prive de un derecho clave: que nuestro voto cuente, como ha sido el caso a partir de que México transitó a una democracia efectiva. No olvidemos de dónde veníamos:

La Suprema

Corte de Justicia debe responder con responsabilidad republicana al reto, en su calidad de decisor entre poderes,garante del orden constitucional y del Estado democrático de derecho, bajo el entendido de que éste implica los contrapesos y límites que toda democracia debe imponer a los gobernantes.

de una simulación democrática a la que no debemos regresar.

Tengámoslo claro: está en riesgo el que podamos decidir quiénes nos gobiernan y, en cada elección, hacer valer nuestro derecho y capacidad de exigir rendición de cuentas al refrendar a una opción política o cambiar de rumbo.

Por lo pronto, se repitió el éxito de la marcha del año pasado en la concentración y las movilizaciones cívicas de ayer domingo. Nuevamente se escuchó fuerte a una ciudadanía responsable.

La Suprema Corte de Justicia: el último baluarte de la democracia liberal mexicana, como dice Silva-herzog Márquez, debe responder con responsabilidad republicana al reto, en su calidad de decisor entre poderes de gobierno, garante del orden constitucional y del Estado democrático de derecho, bajo el entendido de que éste implica los contrapesos y límites que toda democracia debe imponer a quienes gobiernan.

La Suprema Corte debe tener la última palabra y cuenta con los recursos constitucionales para defender el Estado de Derecho, que es su razón de ser.

La ciudadanía debe arroparla para cumplir con su deber.