Docentes del CAED no reciben su pago
Desde diciembre no se han cubierto sus honorarios y además deben de pagar impuestos de ingresos que no tienen
Personal docente de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) de todo el país, dependientes del gobierno federal, no han recibido sus pagos desde diciembre y exigen que se cumpla con esta contraprestación laboral. Esto parece un hecho recurrente, pues a principios del 2018, no les cubrieron sus honorarios durante cuatro meses.
Los profesores de los CAED informaron que los responsables de los pagos solo han dado largas y realizado promesas vagas de que “pronto será depositado los recursos”.
Los centros dependen de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) y existen alrededor de 300 en el país, los cuales están distribuidos en los distintos planteles escolares del Cetmar, CBTIS, Cecati, CEB y Cetis de toda la república mexicana. En Baja California Sur operan cinco centros: tres en La Paz, uno en San José del Cabo y otro en Guerrero Negro. Los directores de los planteles se han preocupado por realizar las
Los CAED funcionan con el modelo social de la discapacidad.
gestiones para que los pagos lleguen a tiempo, sin embargo tampoco son escuchados.
SAT, EL OTRO “ENEMIGO”
Los profesores están bajo el régimen de honorarios y desde hace más de cuatro años perciben los mismos ingresos y carecen de prestaciones sociales. Ahora con las nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es posible declarar en ceros, sino que se les obliga a pagar el impuesto de un ingreso que no han recibido.
EL OBJETIVO DE LOS CAED
Estos centros brindan asesorías a personas con discapacidad intelectual, auditiva, motriz o visual que quieren terminar su preparatoria. Aquí, los alumnos no sufren de acoso o discriminación y las clases se adaptan a su ritmo de aprendizaje. Los CAED fueron creados con base en la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” emitida en la ONU y de la cual México es firmante.
“Desaparecer estos centros sería un gran retroceso y un castigo para las personas con discapacidad”, concluyeron los afectados.