“Hay nuevos datos sobre Ayotzinapa”
Existe información para aclarar lo sucedido en la fatídica noche del 26 de septiembre de 2014, dice
CDMX. En el marco del sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, sostuvo que hay nueva información para aclarar lo que en realidad sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014.
Durante su comparecencia en el Senado de la República con motivo del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Sánchez Cordero señaló que su dependencia “cuenta con información que arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido” aquella noche trágica. Afirmó que la Segob seguirá haciendo todo lo posible, dentro de la ley, para llevar a los responsables intelectuales y materiales ante la justicia.
En otros temas, la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se comprometió ante los senadores, y a nombre del Gobierno federal, a respetar el proceso electoral que está en puerta y a hacer valer el derecho a la libertad de expresión de todos los mexicanos.
“Como responsable de la política interior, comprometo el respeto del Gobierno federal a las leyes y autoridades electorales, a las que daremos la colaboración y apoyo que nos requieran”, dijo.
En su comparecencia, la oposición cuestionó a Sánchez Cordero sobre el actuar contra el crimen organizado y la consulta popular
La funcionaria también se refirió a las diferencias que guardan los 10 gobernadores de oposición de la autodenominada Alianza Federalista con el presidente López Obrador en temas como el manejo de la pandemia. Al respecto, señaló: “Hemos actuado con apego a nuestras facultades y con respeto permanente a las de los otros dos poderes y órdenes de gobierno.
“Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo sin distingo de partidos o diferencias políticas porque el federalismo es el marco de nuestra actuación para que juntos sigamos haciendo frente a la emergencia. El trato con los (poderes) ejecutivos de los estados y de la Ciudad de México se rige por la Constitución y las leyes”.
Asimismo, la secretaria de Gobernación expresó “el compromiso del Presidente con el respeto a la libertad de expresión como un camino de ida y vuelta, así como con el libre ejercicio del periodismo y la crítica”.
Durante su comparecencia, la oposición la cuestionó sobre el actuar contra el crimen organizado y la consulta popular.
Ayotzinapa, seis años
¿Hasta dónde permitirá la Secretaría de la Defensa Nacional transparentar el rol que tuvo el Ejército la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala?
Seis años después de los ataques contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde seis personas fallecieron y 43 normalistas se encuentran desaparecidos, se avizora una ruta contra un grupo de implicados que como autoridades tuvieron algún grado de responsabilidad en diferentes momentos en aquel episodio.
Del lado civil hace unas semanas fue noticia la acción penal contra varios implicados en hechos posteriores al ataque que, a decir de la autoridad ministerial, buscaron "omitir, obstruir, alterar pruebas y torturar detenidos", con la finalidad de articular ese montaje conocido como "la verdad histórica". La cabeza visible de los acusados es Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal (ACI) el sexenio pasado, hoy prófugo de la justicia con ficha roja de Interpol y de quien se informó está escondido en Israel.
El viernes 11 de septiembre dos de sus más cercanos colaboradores, la exagente del Ministerio Público federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, acusada de participar en la alteración de la escena del Río San Juan donde presuntamente fueron hallados restos de algunos de los normalistas desaparecidos, y Carlos Gómez Arrieta, exdirector de la Policía Federal Ministerial, fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).
En marzo pasado fue capturado el exjefe de la ACI en Guerrero, Ezequiel Peña Cerda, junto con el exagente Isidro Junco Barajas, quienes al igual que Gómez Arrieta están acusados de tortura grabada en un video que se difundió con el interrogatorio a Carlos Canto Salgado, acusado de formar parte de la banda criminal autodenominada "Guerreros Unidos", involucrada en la desaparición de los jóvenes.
Una acción penal contra elementos del Ejército que participaron en algún momento en aquel episodio no será sencillo. Más allá de la investigación ministerial, implicaría colocar en el escenario de la justicia las omisiones y/o complicidades de la línea de mando que operó esos días. Algo que la cúpula militar se ha negado en reiteradas ocasiones desde entonces.
Cuando este sábado se cumplan seis años del caso, el escenario será muy distinto para el general Luis Crescencio Sandoval González, titular de la Sedena, comparado al que tuvo su antecesor Salvador Cienfuegos Zepeda, quien defendió con vehemencia a los militares que participaron aquella noche.
El estado de Guerrero y el Ejército tienen una historia en las últimas décadas donde la campañas contra la guerrilla, el crecimiento del narcotráfico y la corrupción de jefes militares han sido algunos de los sellos característicos.
El caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa sería una ventana por la cual la opinión pública podría asomarse a la colusión de mandos militares con el narco, la infiltración del crimen organizado en sus filas, y la creación de grupos paramilitares con ex elementos del Ejército que pasaron de servir como policías municipales a formar bandas delincuenciales.