Impacto ambiental necesario para el desarrollo nacional
La última semana de septiembre terminó con la noticia relativa al anuncio que se haría el lunes 5 de octubre respecto al paquete de proyectos de infraestructura que se realizarán a partir del mes en curso, en diferentes lugares de la República. Así ocurrió; el presidente de la República hizo el anuncio formal el lunes pasado sobre los proyectos específicos que integrarán el Plan de Infraestructura 2021, que se implementará por el gobierno y la iniciativa privada, como resultado del Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica en el marco de la pandemia sanitaria.
Dicho Plan representa una inversión total de 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo cual constituye una inversión menor a lo que se había pensando ocurriría, si el objetivo es la reactivación de la economía nacional. Sin embargo, si se compara la propuesta actual con la que se hizo en noviembre de 2019, en la cual el Plan estaría integrado por 147 proyectos, hoy se contemplan únicamente 39 proyectos de inversión, en su mayoría en turismo, energía y agua.
Pero sean muchos o pocos los proyectos de infraestructura, no se puede seguir evitando el compromiso constitucional de contar con un medio ambiente sano. Por el contrario, se debe de exigir el cumplimiento irrestricto de este principio. Cada vez es mayor el número de obras de infraestructura que no toman en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental. Si bien constitucionalmente hay una obligatoriedad, las bases técnicas y científicas de los proyectos también son fundamentales, ya que los estudios de impacto ambiental, bien realizados, sí pueden contribuir en mitigar problemas asociados con las variables ambientales.
La solidez de los estudios permite identificar posibles riesgos e impactos y ello es fundamental para poder diseñar las acciones de prevención y en su caso de mitigación de dicho impacto; esto es muy relevante y, sobre todo, cuando sabemos de las vulnerabilidades que presenta nuestro país frente al problema del cambio climático. Tenemos que empezar y ser congruentes al actuar en cuanto a los proyectos emblemáticos de la administración actual, ya que en varios de ellos se ha hecho a modo la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), y por lo tanto no se pueden prevenir a tiempo las afectaciones.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó en enero de este año un listado de 33 asuntos que la institución considera como urgentes de resolver por los problemas de impactos asociados, y en su mayoría se refieren a la minería, al sector energético o al agua; por ello, los nuevos proyectos que se desarrollarán no deben de omitir esta condicionante. La infraestructura ocupa cierto territorio que si bien ya ha sido impactado previamente por actividades antropocéntricas, no se debe de seguir afectando el entorno natural y los bienes y servicios ambientales, que además son fundamentales en la rectoría de un medio ambiente sano. Con ello me refiero a bienes estéticos, bienes culturales, formación de suelos, regulación climática, entre otros. Los servicios ambientales también generan vínculos con aspectos sociales; por lo tanto, prevenir un conflicto socioambiental debería de ser del mayor interés para el constructor de la obra, porque eso sí le evita muchos contratiempos que pueden llegar a encarecer la obra o incluso frenarla y provocar un incumplimiento en el tiempo acordado.
Hay una larga historia de impacto ambiental en las actividades de desarrollo, no únicamente en cuanto a tener que realizar más trámites burocráticos, sino porque genuinamente es prioritario identificar los efectos o externalidades negativas que va a ocasionar dicha obra, para evitar daños y conflictos. En México la evolución del marco normativo tiene 45 años y su objetivo es tener cada vez menos impactos negativos en el ambiente.
La planificación debe proporcionar un plan de acción que interiorice los temas políticos y los criterios ambientales, que identifique las instituciones y a los actores, el alcance de las normas y el propio análisis de las dinámicas socioambientales. Si se cubre todo esto en el marco de la ley, se logrará que el proceso de planificación de la obra, su construcción, su operación y el desmantelamiento de la misma, cumpla con el calendario planeado. De lo contrario, la obra empezará mal y terminará mal. Espero que este paquete de obras de infraestructura que recién se anunció sí contemple el hacerlo en el marco de la ley, respetando el principio de un medio ambiente sano, y que desde ahora se incluyan los costos ambientales, ya que de continuar con las afectaciones al cambio climático que hemos visto, la probabilidad de que ocurra un evento que afecte las obras de infraestructura es muy alta; en las últimas semanas, con las lluvias atípicas, hemos visto algo de ello en cuanto a sus consecuencias en las obras actuales. La vulnerabilidad en el ambiente bio-físico sí es una realidad también.
Para cerrar esta reflexión afirmo que si bien todas las actividades del ser humano tienen impactos en el medio ambiente, hay de impactos a impactos. No existen proyectos de infraestructura de costo cero; por lo tanto, esperamos que sí exista entre los promoventes de las obras de infraestructura anunciadas, el compromiso real de invertir con seriedad en los estudios de impacto ambiental que se requieren, y tener presente que siempre es mejor contemplar entre 3 y 5 por ciento del costo del proyecto al tema ambiental.