ONU pide regular minería y proteger derechos indígenas
NACIONES UNIDAS.— El gobierno de México debe revisar el marco legal relativo a la minería, con el fin de que esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y se eviten así conflicto sociales, recomendó un informe difundido ayer en la ONU.
Presentado en el marco del “Foro permanente para las cuestiones indígenas” de la ONU, el reporte destacó que México es uno de los países en América Latina que ha logrado mayores avances legislativos e institucionales en materia de derechos de los pueblos indígenas.
Sin embargo, aseguró que “la intensidad de los conflictos y su creciente número, así como la criminalización de las protestas de los que se sienten afectados, que ha llevado incluso a la pérdida de vidas humanas, es preocupante”.
El Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias, apuntó que los conflictos reflejan “una importante ausencia del Estado mexicano para garantizar y hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas”. Asimismo, criticó que a menudo las empresas extractivas nacionales y transnacionales
indica que los conflictos generados en las zonas indígenas donde se ubican empresas mineras, reflejan “una importante ausencia del Estado mexicano para garantizar y hacer respetar los derechos de estos pueblos”
Criticó que, a menudo, las empresas extractivas nacionales y las transnacionales fallan en sus fallen en sus obligaciones legales y responsabilidades sociales.
El estudio concluyó que los conflictos surgen, a menudo, debido a la falta de procesos de consulta con los pueblos indígenas y de obtención del consentimiento libre, previo e informado, y en otras ocasiones debido a problemas ambientales o laborales.
Indicó que la mayor parte de los conflictos se dan en la franja que ocupan las empresas “juniors” o “canadienses”, debido al modelo de explo- obligaciones legales y responsabilidades sociales
Pidió reformar las leyes Minera, de Aguas Nacionales, Agraria, General de Bienes Nacionales y la Federal de Derechos, para que sean acordes con los derechos indígenas
Resaltó que el Estado debe detener la criminalización de las protestas de este grupo poblacional tación intensiva que llevan a cabo y al uso de tecnologías que producen notorios pasivos ambientales.
Por ello, el informe recomendó aprobar una ley federal de consulta y consentimiento libre, previo e informado, conforme a los estándares internacionales establecidos en la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Sugirió, además, armonizar la Constitución y sus leyes con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, de forma particular en los artículos 2, 26, 27 y 115 de la Constitución.
Pidió revisar la legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de explotación, así como reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Derechos, para que sean acordes con los derechos indígenas.
Finalmente, el reporte explicó que “las autoridades federales deben asumir su papel de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas”.
Resaltó además la tarea del Estado de “detener la criminalización de las protestas de los pueblos indígenas contra las empresas mineras y castigar a los responsables de los crímenes contra sus líderes”. (Notimex)