Tajamar: historia de un ecocidio blanquiazul
El funcionario que otorgó el aval tiene denuncias por 19 permisos irregulares
Ricardo Juárez Palacios, el funcionario foxista que en 2005 dio el aval al proyecto inmobiliario Malecón Cancún Tajamar, fue inhabilitado y suspendido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2008, luego de haber recibido numerosas denuncias por haber otorgado al menos 19 permisos irregulares de impacto ambiental en toda la República.
Juárez Palacios, quien de 2001 a 2007 fungió como director general de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat, otorgó el permiso ambiental a polémicos proyectos como los de Marina Careyes y La Huerta, en la reserva de la biosfera Chamela, Jalisco, y al de la Escalera Náutica, en Baja California, entre otros.
Ayer, en entrevista con EL UNIVERSAL, José Luis Luege Tamargo, quien era titular de la Semarnat cuando se otorgaron los controvertidos permisos, dijo que en 2005 la Ley General de Vida Silvestre “no prohibía el desmonte de manglares”.
Sobre el tema, el ex presidente Felipe Calderón negó en su cuenta de Twitter que en su administración se haya autorizado el proyecto de Tajamar; por el contrario, dijo que en 2007 modificó la ley para prohibir la tala de manglares; sin embargo, Fonatur, también por esa red social, le recordó que la urbanización y lotificación de Tajamar, “que impactaron ambientalmente el predio”, ocurrieron de 2006 a 2012. Con información de Pierre-Marc René y Misael Zavala
“Autorización de Tajamar fue en 2005 (con Vicente Fox), 1.5 años antes de mi gobierno. Luego publicamos una ley que prohibía la tala de mangle” FELIPE CALDERÓN Ex presidente de México . “Las autorizaciones ambientales se otorgaron en 2005 y 2006 (...) La urbanización y lotificación que impactaron ambientalmente el predio fueron de 2006 a 2012” FONATUR
QUINTANA ROO
Ricardo Juárez Palacios, el funcionario foxista de la Semarnat que en 2005 autorizó el proyecto inmobiliario Malecón Cancún Tajamar, fue inhabilitado y suspendido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2008 luego de haber recibido numerosas denuncias por haber otorgado al menos 19 permisos irregulares de impacto ambiental en toda la República.
Juárez Palacios, quien de 2001 a 2007 fungió como director general de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), otorgó el aval a otros polémicos proyectos como los de Marina Careyes y La Huerta, en la reserva de la biósfera Chamela Cuixmala, Jalisco; el del Mar de Cortés o Escalera Náutica, en Baja California, e incluso una terminal de gas natural licuado de la empresa Chevron Texaco, en las Islas Coronado, también en Baja California.
De hecho, poco más de un año antes de que diera su aval de impacto ambiental al proyecto de Tajamar, el subalterno de Alberto Cárdenas y de José Luis Luege, titulares de Semarnat durante el foxismo, fue cuestionado por diversas organizaciones no gubernamentales tras haber otorgado su aval a las obras de Costa Cancún, un proyecto similar a Tajamar que preveía destruir 377 hectáreas de manglar.
Las denuncias acumuladas en su contra lo llevaron a renunciar en 2007. Poco después, en 2008 y 2009, ante las evidencias, la SFP inició dos procesos para inhabilitarlo y suspenderlo.
Tras su salida de la administración pública, actualmente Juárez Palacios se promueve en la red social Linkedin como “consultor en gestión y servicios ambientales [especialista en evaluaciones de impacto ambiental y estudios de impacto social]”.
Ahí, el ex funcionario presume que durante su paso por la Semarnat “hubo una disminución del tiempo de evaluación [de impacto ambiental] de 245 días hábiles promedio [diciembre de 2000] a menos de 60 días hábiles promedio [de 2002 a 2005]”.
Irregularidades. La autorización de impacto ambiental que la Semarnat otorgó en 2005 a Fonatur para el desarrollo de Malecón Tajamar tiene inconsistencias en la información, imprecisiones en los términos en que fue expedida, e irregularidades en la aplicación de instrumentos jurídicos vigentes en esa época.
Del análisis del resolutivo que autorizó a Fonatur —en 58.76 hectáreas de terreno— la dotación de servicios de electrificación, agua potable, sistema de alcantarillado, pavimentación, jardinería y banquetas, para la posterior comercialización de 3 mil 100 unidades que conformarán la oferta inmobiliaria del sitio, se desprenden varias irregularidades.
La primera, que Fonatur debió presentar una Manifestación de Impacto Ambiental en su modalidad regional y no particular, debido a la magnitud del desarrollo evaluado equivalente casi a un plan maestro y no a un hotel.
Otra, que para obtener el permiso de la DGIRA, omitió señalar el porcentaje real de manglares en el predio, reduciéndolo a 41.72%, cuando de acuerdo con el gobierno de Quintana Roo, alcanzaba 65%.
Fonatur citó que 68.88% del sitio poseía cobertura vegetal diversa (49.10 hectáreas). De 41.72% de manglares en el lugar, dijo que su estado de conservación era “malo” (sic) y que el ecosistema como tal no era “relevante” al encontrarse alterado.