Nuevo paradigma, nueva política de drogas
El pasado martes el presidente Enrique Peña Nieto presentó en la sesión especial de la Asamblea de las Naciones Unidas Sobre el Problema Mundial de las Drogas 2016 (UNGASS), en Nueva York, Estados Unidos, diez propuestas para enfrentar esta situación, desde el enfoque de salud, prevención y respeto a los derechos humanos.
México es uno de los países que ha puesto más sangre y más muertos en la trágica guerra mundial contra las drogas, por la violencia y los homicidios, además de las personas que terminan sus vidas por la falta de un tratamiento para su adicción.
A pesar de esto, ha aumentado la producción y distribución de drogas ilegales a escala mundial. Por ello, es nuestro deber y responsabilidad atender las consecuencias de las políticas prohibitivas, punitivas, entre ellas: aparición de nuevas drogas sintéticas, agudización de la violencia, crecimiento de la delincuencia organizada, criminalización y violación de los derechos humanos de las personas que usan drogas e incremento de los problemas de salud pública.
En este sentido, el decálogo presentado por Peña Nieto, quien anunciará hoy propuestas concretas al país en la materia, es relevante por el cambio de paradigma para la construcción de una Política de Drogas del Estado, en la que el Poder Legislativo ha insistido, sobre todo desde las bancadas del PRD.
El Presidente señaló que el consumo de drogas debe abordarse como un asunto de salud pública, desde la perspectiva de los derechos humanos y con un enfoque de género, porque constituye una amenaza para el desarrollo pleno de las personas, en especial de niños y jóvenes.
Debemos reconocer que hay un consumo interno y que hay que atenderlo con medidas de prevención, reducción del daño, tratamiento, rehabilitación y reintegración social, porque el enfoque de salud abarca todo este circuito.
Este enfoque representa un cambio de paradigma, que tendremos que aterrizar en lo inmediato en la Ley General de Salud y el Código Penal Federal.
Lo dicho por el Presidente recoge las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consensos construidos en decenas de foros y consultas públicas organizados por la sociedad civil, el Congreso mexicano y el propio gobierno de la República.
El Presidente ha reconocido que la dependencia de las drogas no debe tratarse con instrumentos penales que criminalizan a los consumidores y dañan el desarrollo de su personalidad.
Se deben sumar esfuerzos internacionales para prevenir el consumo de drogas, mediante una campaña orientada a niños y jóvenes, así como atender a la gente con problemas de adicción.
Debemos aprovechar la capacidad de producción que tiene México, con ciertas sustancias, como el opio derivado de la amapola, para regularlas de acuerdo con lo que establecen las Convenciones Internacionales de Estupefacientes, identificando y valorando sus cualidades terapéuticas, y regular su disponibilidad para fines médicos. Esta propuesta se deriva de los amplios debates nacionales sobre el uso de la marihuana, al que convocaron el Congreso y el gobierno de México, con la participación de científicos, expertos, académicos y representantes de la sociedad civil.
Se requiere de una mayor cooperación interinstitucional a nivel global para hacer frente común a la delincuencia organizada transnacional y cerrar espacios a sus operaciones financieras y delitos conexos.
Lo más importante, ahora, es concretar a la brevedad la reforma que nos permita despenalizar y descriminalizar el consumo y la comercialización para uso personal e ir acotando el mercado de la delincuencia organizada.
Llegó la hora de unir voluntades y concretar estos propósitos en el marco jurídico mexicano por el bien de nuestro país.
Ahora se debe concretar la reforma que despenalice el consumo y comercio de la marihuana para uso personal
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados