Mexican Indian Company
La Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) fue aprobada en el Senado por PRI, PAN y PRD, justificándose con efluvios demagógicos: “Será el gran instrumento para el desarrollo de las regiones pobres”; “generará infraestructura para superar barreras geográficas”; “no es transfiriendo más dinero a Chiapas, Oaxaca o Guerrero como se rompe el ciclo de Norte-Rico, Sur-Pobre, será a través de las Zonas Especiales”; “frente a la desigualdad regional, las Zonas Especiales pueden ser luz de esperanza”.
La ley, en realidad, establece la creación de enclaves extranjeros, cuasi autónomos, definidos como zonas con regímenes especiales: “Beneficios fiscales, aduanales, financieros, facilidades administrativas e infraestructura”. Controlará cada zona, un “administrador integral”, persona moral —“corporation”—, nacional o extranjera, o paraestatal, en segundo término, con permisos de 40 años, prorrogables a casi un siglo, para construir, desarrollar, administrar y mantener la zona, incluso servicios asociados, urbanización, electricidad, agua potable, drenaje, telecomunicaciones, seguridad”. Las zonas “deberán ubicarse entre las 10 entidades federativas de mayor pobreza”, sin embargo, “deberán establecerse en áreas geográficas estratégicas para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad e integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos con potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales o internacionales”. El Presidente emitirá la declaratoria de la zona, señalando los inmuebles de dominio público a expropiar para establecerla. Los gobernadores estatales con sus congresos y municipios “se obligan a suscribir un convenio de coordinación y participar en la elaboración del programa de desarrollo; se obligan a proveer incentivos, a tomar las medidas administrativas necesarias para el desarrollo zonal, para la instalación y operación de los inversionistas; se obligan a participar, según su capacidad, en el financiamiento de inversiones públicas requeridas. La ley elimina la facultad constitucional del Estado de planear el desarrollo nacional, transfiriéndola al administrador integral, quien elaborará el Plan Maestro Zonal, pasando por encima de las facultades estatales y municipales. El administrador integral no tendrá responsabilidades sociales, ni ambientales, con la población; los permisos sólo podrán ser revocados por razones técnicas, incumplimientos de inversión, sin causales de responsabilidad social. Se considera “causa de utilidad pública”, la construcción, mantenimiento, ampliación y desarrollo de la zona, y la provisión de servicios asociados, con lo que se faculta a expropiar bienes y servicios de las comunidades locales, para los fines que los permisionarios consideren necesarios; el administrador integral podrá obtener las concesiones y derechos de bienes del dominio público de la Federación y servicios públicos necesarios; el administrador integral tendrá derecho de obtener fondos, créditos, garantías y otros recursos financieros en el extranjero, endeudando los bienes que constituyan la zona, sin señalar garantías.
La Ley de Zonas Especiales es iniciativa del Banco Mundial, la OCDE y el BID, por lo que, aunque se mencionen administradores nacionales y paraestatales, está designado a las corporaciones transnacionales —como la norteamericana IHS, instalada ya en México para operaciones de este tipo—; obedece a la estrategia de control global norteamericano, perfilada en el TPP. Significa el establecimiento de “zonas francas”, con puertos y comunicaciones que se adjudiquen, en el sureste de México con excepcionalidad arancelaria, aduanal; plataformas exportadoras en nuestro territorio para el capital transnacional. Abandonando la facultad soberana de impulsar el desarrollo, entrega facultades de gobiernos estatales a administradores privados; enajena infraestructura nacional a corporaciones extrajeras, poniendo a su disposición las tierras y aguas que definan. Peña Nieto, apoyado por el Senado, revive el tratado McLane-Ocampo, 150 años después, al entregar subrepticiamente el “corredor interoceánico”, istmo de Tehuantepec. Renacimiento del añejo colonialismo: Belice, “Dutch East Indian Company” y “British East Indian Company”, corporaciones privadas con poderes públicos en territorios ajenos sometidos. Senador de la República